Las modificaciones alcanzan a las áreas de Salud, Economía y el Instituto de Seguridad Social y Seguros. El gobernador destacó que los cambios responden a una nueva etapa de gestión, orientada a consolidar lo realizado y seguir dando respuestas concretas a las necesidades de los chubutenses.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este martes una serie de modificaciones en el Gabinete provincial, en el marco de una nueva etapa de gestión, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo en áreas clave de la administración pública y consolidar una agenda centrada en resultados.

En ese marco, Sergio Wisky asumirá como nuevo secretario de Salud de la provincia, en reemplazo de Denise Acosta, con la premisa de fortalecer el sistema sanitario y mejorar la calidad de atención en todo el territorio chubutense.

Por su parte, Miguel Arnaudo, quien hasta el momento se desempeñaba como ministro de Economía, pasará a ocupar la presidencia del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), organismo central en la administración de la obra social y el sistema previsional provincial, en reemplazo de Martín Sterner.

En tanto, el Ministerio de Economía será encabezado por Gustavo Paz, quien tendrá a su cargo continuar con el ordenamiento de las cuentas públicas, sostener el equilibrio fiscal y acompañar el desarrollo productivo de la provincia.

Las designaciones se suman a la reciente incorporación de Víctor Candia como subsecretario de Asuntos Municipales, en reemplazo de Genaro Pérez.

Al respecto, Torres señaló que “estos cambios forman parte de una etapa de consolidación de la gestión, donde es clave seguir fortaleciendo los equipos de trabajo para sostener el rumbo y avanzar con los desafíos que tenemos por delante”.

Por mayoría, la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante de Epuyén formuló acusación contra el intendente José Contreras. Está sospechado por la presunta habilitación irregular otorgada a la Asociación Civil Antú Quillén sobre el edificio municipal “Centro de Visitantes Puerto Bonito”; el acuerdo extrajudicial con el comerciante Lautaro Márquez; la falta de respuestas a pedidos de informes y la no entrega de datos sobre la emergencia ígnea.

El informe detalla que se habrían otorgado habilitaciones provisorias sucesivas a favor de la Asociación Civil Antú Quillén primero por 60 días y luego por otros 60, totalizando 120 días de funcionamiento provisorio. Esto es “contradictorio” ya que la condición para habilitar el inmueble era finalizar obras. Debió existir un instrumento legal para apartarse del acuerdo. “El reproche institucional se asienta en la falta de respaldo jurídico suficiente para levantar o morigerar una restricción previa que vinculaba al propio Ejecutivo”.

La Legislatura de Chubut aprobó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para conocer en profundidad las acciones desplegadas ante graves hechos que afectaron a menores de edad en la provincia.

La iniciativa se centra en la intervención estatal durante los sucesos reportados en la Escuela N° 21 de Trelew y el caso conocido como “Ángel” en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Los diputados Sergio González y Mariela Tamame fundamentaron el requerimiento en la necesidad de transparentar los procesos de protección integral de derechos. El texto aprobado por el cuerpo legislativo exige detalles precisos sobre los equipos técnicos intervinientes, las fechas de toma de conocimiento de los hechos y la evaluación inicial realizada por los profesionales en cada situación.

Sistema de protección en Comodoro

Uno de los ejes centrales de la resolución es el caso “Ángel” debido a la particular sensibilidad del contexto y la repercusión que tuvo en la zona sur. Durante la sesión ordinaria, la diputada Mariela Tamame señaló que existen situaciones que interpelan de una manera particular a las instituciones responsables de la seguridad de los niños. La legisladora del interbloque Chubut Unido remarcó que es una obligación indelegable del Estado asegurar el bienestar de las niñeces y manifestó su preocupación por la operatividad de los servicios locales.

Tamame sostuvo que el Servicio de Protección de Comodoro Rivadavia atravesó diversas intervenciones en el último tiempo y advirtió que el personal asignado no resulta suficiente para la demanda actual. “Queremos saber quiénes actuaron en este caso, cómo se hizo la vinculación entre la madre y el niño y muchas cosas más”, expresó la diputada en el recinto. Según su visión, resulta fundamental analizar en qué puntos está fallando la red de contención institucional para evitar que este tipo de casos continúen ocurriendo.

Impacto del programa MUNA

El pedido de informes también indaga sobre la corresponsabilidad entre los ministerios de Educación, Seguridad y Salud junto al Ministerio Público de la Defensa y el Poder Judicial. Los legisladores pretenden determinar qué organismo tuvo a cargo la coordinación del abordaje integral y si efectivamente se activaron dispositivos de intervención conjunta. Asimismo se solicitó información técnica sobre los protocolos de actuación que se encontraban vigentes al momento de los hechos y los plazos en los que fueron implementados.

Por último la resolución dedica un apartado extenso al programa MUNA que se desarrolla junto a UNICEF en los municipios de Trelew y Comodoro Rivadavia. La Cámara busca conocer los diagnósticos realizados en el territorio y los resultados verificables en materia de prevención y detección temprana de vulneraciones. El requerimiento intenta establecer si las herramientas de este programa internacional fueron aplicadas en los casos mencionados o si las capacitaciones a docentes y operadores del sistema no resultaron efectivas por falta de financiamiento o seguimiento.

Fue durante la cuarta sesión y en el momento de abordar los despachos de comisión.

El presidente del oficialismo, Juan Flores Revillot se refirió a la Declaración por él presentada expresando el marcado rechazo al pedido de desalojo que efectuó el Banco Chubut. Hizo un pormenorizado resumen de como ese inmueble fue recuperado por la gestión municipal del intendente Damián Biss y las actividades que allí se desplegaron provocando un enorme aprovechamiento de tales instalaciones donde esta en pleno proceso de producción la planta de adoquines; la fábrica de ladrillos ecológicos para calefaccionar y la gran actividad de planificación y capacitación productiva de la ADER y sus programas de asistencia a los sectores sociales.

Represalia o capricho
“Nos preocupa que esto sea una represalia por un capricho que no lo entendemos -advirtió el edil-. Creo que nos debemos manifestar como cuerpo y como representantes de los vecinos, expresando el rechazo y la preocupación de este reclamo que se nos hace”, propuso.
“Desocupar ese predio no es solamente retirar las cosas del lugar, es frenar la producción y el crecimiento de la ciudad de Rawson”, recalcó Flores Revillot.

Recorrida de campaña

Pidió la palabra la concejal Karina Barneche y recordó que hace poco ese lugar fue recorrido por quienes estaban en campaña y mencionó a la ex diputada Ana Clara Romero, al vicegobernador Gustavo Menna y al propio mandatario Ignacio Torres.

“O sea en ese momento servía la planta y hoy por una pelea nos pretenden intimar vía Banco Chubut para discontinuar la actividad que se desarrolla allí?”, dijo en tono interrogante.

Señaló el éxito que tienen los programas que se organizan desde la ADER en materia de capacitaciones y alertó sobre “la mano de obra que surge de ese establecimiento No están contemplando las personas que se quedarían sin actividades al discontinuar ese funcionamiento.

Con esta decisión no están contemplando quienes se quedan sin funciones, ni trabajo. Parece que no tienen en agenda ni los trabajadores ni el impacto social que provocaría”, señaló adelantando su voto favorable al rechazo.

“Lo que nos corresponde”

Previo a la votación de la declaración el presidente del Concejo Deliberante, Dulio Monti pidió hacer uso de la banca y manifestó que “no nos vamos a quedar en palabras, sino que vamos a defender lo que nos corresponde a los rawsenses”.

Enfáticamente afirmó que, “nos merecemos capacitación; trabajar con las escuelas y con las cooperativas que generan mano de obra y empleo. Nos merecemos trabajar de manera articulada y responsable”, afirmó.

“Nuestra responsabilidad es defender los intereses de nuestro pueblo y tenemos herramientas para hacerlo”, aseguró.

Y de modo encendido advirtió que serán rechazados aquellos que “quieran atropellar los intereses de la ciudad capital”.

Aclaró que “no somos la capital porque solamente está consagrado en la Constitución, sino que lo somos porque trabajamos a diario para ello. El ADER tiene que seguir donde está -enfatizó-. Hemos dado muestras con el Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo Municipal de nuestra postura dialoguista con el gobierno provincial y nacional”, ejemplificó.

Monti advirtió que, “el interés general de una comunidad siempre está, por encima del interés particular de algún político”, señaló.

“Vamos a defender a nuestros vecinos e instituciones porque nos ha costado mucho ponerlas en marcha. Tenemos derechos adquiridos”, recalcó.

Y cerró indicando que, “tenemos reglamentación de orden público que nos permite avanzar en favor del interés general de nuestros vecinos y nuestra comunidad”.

Un desacierto

Desde la bancada de Unión por la Patria, el concejal Federico González adelantó su acompañamiento al rechazo expresado en el proyecto puesto a consideración de los ediles.

Así calificó de “desacierto”, lo planteado por el Banco Chubut reclamando la devolución de dicho inmueble. “El bloque acompaña el objetivo de la comunicación”-anticipó- “sin embargo -advirtió- el Poder Ejecutivo Municipal nunca envió para su aprobación el convenio que involucra a la ciudad y la entidad bancaria”, señaló.

El edil consideró muy importante que dicho instrumento sea ratificado por el cuerpo legislativo.
Pero de todos modos aseguró que nada de ello justifica el proceder del banco en perjuicio de la ciudad capital.

“Pero debo señalar las cuestiones de forma que no fueron contempladas”, enfatizó el concejal por lo cual no se conocen las obligaciones que ambas partes dejaron establecidas entre sí.

Aclaración necesaria

Por su parte desde el bloque de Proyección Capital, Gladis Poblete aclaró que en su primera etapa de concejal acompañó al oficialismo y por lo tanto sería coherente con dicho posicionamiento por lo cual acompañó también el rechazo al planteo efectuado por el Banco para con la capital provincial reclamando la devolución del inmueble que es objeto del comodato que rige entre ambos, con lo cual los diez concejales respaldaron con su mano en alto el proyecto de declaración de rechazo

La totalidad de la lista presentada por los apoderados Bruno Gerardo Arias y Eduardo Varela. es la siguiente:

Comité Departamental

Presidente Eduardo Varela; Vice, Silvina Castro; Secretario, Victor Valenzuela; Tesorera, Maria Florencia Di Napoli; Vocales: Brian Axel Wirz; Gabriela Paola Monti; Federico Figueroa. Son vocales suplentes: María Luisa Montaña; Gonzalo Exequiel Telechea y Maria Julieta Chavero.

Convenciionales provinciales

Dulio Danilo Monti; Mercedes Raquel Bagalciaga; Néstor Daniel Tamame; Karina Barneche; Juan Eduardo Flores y Norma Yolanda Medina. Son suplentes: Jonathan Biss y Ramona Itatí Vallejos.

Delegados al Comite Provincia

:Raúl Osvaldo Barneche y Mariela Alejandra Tamame. Son suplentes Miguel Oscar Larrauri y Rocio Fiorella Duarte Malla.

Este jueves, la Legislatura del Chubut aprobó un acuerdo que propone por parte del Gobierno Provincial la construcción y mejora de viviendas en las Comunas Rurales de Facundo, Aldea Apeleg, Doctor Ricardo Rojas, Lago Blanco, Aldea Beleiro, Cushamen, Telsen, Lagunita Salada, Gan Gan y Cerro Centinela.

Además, se reconoció como personalidad destacada a la investigadora del CONICET Dra. Cynthia Tamara Rubilar Panasiuk por su labor.

En materia habitacional, la Legislatura aprobó por amplia mayoría, convenios y proyectos vinculados a soluciones habitacionales a comunas rurales de la provincia del Chubut.

Estas acciones, impulsadas por el Gobierno de Ignacio “Nacho” Torres a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), contemplan la construcción de viviendas familiares de dos y tres dormitorios, así como unidades tipo monoambientes destinadas principalmente a personas solas, como trabajadores rurales y personal de campo.

Los convenios garantizan el acceso a una vivienda digna para los beneficiarios y además promueven la generación de empleo mediante la utilización de mano de obra local, favoreciendo así el arraigo de las comunidades en sus territorios.

Asimismo se destacó que esta modalidad permite mayor flexibilidad en los requisitos de acceso, facilitando la atención de casos particulares, especialmente en sectores rurales donde las condiciones dificultan el acceso a soluciones habitacionales por medios propios.

En este sentido, el diputado Leonardo Bowman (Despierta Chubut) valoró la decisión política del Gobierno del Chubut de avanzar con estas obras en un contexto económico complejo, priorizando a las comunas rurales y municipios del interior, donde los costos de construcción suelen ser más altos.

Reconocimiento a la innovación científica

Durante la sesión, también se aprobó por unanimidad, el Proyecto de Ley General N° 145/2025 presentado por la diputada Tatiana Goic (Primero Chubut – CET) que reconoce a la investigadora del CONICET Dra. Cynthia Tamara Rubilar Panasiuk, como personalidad destacada.

La investigadora estuvo presente en la sesión y fue reconocida con un aplauso general al aprobarse el proyecto.

La iniciativa resalta su historia personal y profesional, marcada por la investigación que llevó adelante a partir de la enfermedad autoinmune de su hijo. Luego de diversos estudios, logró identificar compuestos antioxidantes en los erizos de mar, con potencial para la modulación del sistema inmunológico, alcanzando resultados positivos en la mejora de su calidad de vida.

Este avance dio origen a ERISEA, una empresa biotecnológica que se radica en Puerto Madryn, dedicada al desarrollo de suplementos con respaldo científico y aprobación de organismos competentes, incluso en síntomas asociados al síndrome post COVID.

Designaciones judiciales

En el plano institucional, el cuerpo legislativo prestó acuerdo por mayoría a la designación como fiscal general para la ciudad de Comodoro Rivadavia de la Dra. Natalia Beatriz Gómez, quien se desempeña en el Ministerio Público Fiscal desde el año 2007. Actualmente ocupa el cargo de funcionaria de Fiscalía, al que accedió por concurso en 2011.

Durante su evaluación ante la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside María Andrea Aguilera, evidenció una destacada solidez técnica y amplia experiencia, cualidades que también fueron reconocidas en su paso por el Consejo de la Magistratura, indicó la diputada Paulina Hogalde (Despierta Chubut) quien fundamentó el pliego.

Asimismo, se aprobó, también por amplia mayoría, la designación de la Dra. Luciana Risso como defensora pública Penal para Comodoro Rivadavia. La profesional cuenta con formación y trayectoria en Derecho Penal dentro del Ministerio de la Defensa Pública de la provincia, destacó la diputada Leticia Magaldi (Despierta Chubut) al fundamentar el pliego.
Mejora en la gestión de fondos para bosques nativos

Por otra parte, se aprobó por amplia mayoría el convenio marco de colaboración entre la Secretaría de Bosques y la Fundación para el Desarrollo Forestal, Ambiental y del Ecoturismo Patagónico, con el objetivo de optimizar la administración y ejecución de fondos nacionales destinados a la protección de los bosques nativos.

Esta herramienta no implica la delegación de responsabilidades públicas, sino que fortalece la capacidad operativa del Estado provincial, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y ágil de los programas ambientales.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó la aprobación por parte de la Legislatura del proyecto presentado por el Ejecutivo que establece la prohibición del uso de teléfonos celulares en centros de detención de la provincia.

El Proyecto de Ley General N° 017/2026, que previamente había recibido dictamen de las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia, y de Legislación General, Cultura y Educación, prohíbe “el uso de equipos celulares por parte de personas privadas de su libertad”.

La medida, que alcanza a cárceles, alcaidías y comisarías, busca terminar con las estafas, extorsiones y amenazas gestadas desde los penales, garantizando un sistema de comunicación controlado y sin acceso a internet. De esta manera, Chubut se posiciona entre las primeras provincias en avanzar con una normativa de este tipo, fortaleciendo la seguridad penitenciaria.

Más seguridad para la ciudadanía

Al respecto, Torres puso en relieve el amplio acompañamiento de los bloques a la iniciativa y ratificó que “este es un proyecto que se trató sin banderas partidarias, con una premisa común: garantizar la seguridad de los chubutenses”.

Sobre la ley, destacó que “a partir de este momento, en nuestra provincia van a dejar de existir esos ‘call centers del delito’ que muchas veces funcionaban desde una celda y perjudicaban a ciudadanos de bien”, y agregó que las personas privadas de libertad “están cumpliendo una condena, por lo que no podemos permitir que utilicen herramientas para seguir cometiendo estafas o extorsiones, como vimos en los últimos años”.

Primera provincia del país

“Chubut es una de las primeras provincias del país en avanzar con una normativa de estas características, lo que no solo fortalece nuestro sistema de seguridad penitenciaria, sino que también cumple con uno de los objetivos centrales de nuestra gestión: trabajar en la prevención del delito”, señaló el titular del Ejecutivo.

Por último, Torres indicó que la ley “garantiza los estándares institucionales sin vulnerar derechos, porque las personas privadas de libertad van a poder seguir comunicándose con sus familiares y defensores, pero a través de un esquema controlado y sin acceso a dispositivos que puedan facilitar la comisión de delitos”, concluyendo que “hoy logramos, con un trabajo conjunto, ponerle un freno a las estafas digitales desde las cárceles”.

Características de la ley

El proyecto establece la prohibición del “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”.

De manera simultánea, dispone la creación de un régimen de comunicaciones institucionales controladas que garantice el derecho a la comunicación en condiciones de seguridad, razonabilidad y respeto por los derechos humanos, en armonía con la Ley Nacional 24.660.

La normativa tendrá vigencia en todos los establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y en cualquier lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de la provincia del Chubut.

También alcanzará a aquellas personas privadas de libertad alojadas en unidades del Servicio Penitenciario Federal cuando su detención haya sido dispuesta por sentencia o resolución judicial emanada de jueces o tribunales provinciales.

En caso de detectarse la tenencia de este tipo de dispositivos, se procederá a su inmediato decomiso, labrándose el acta correspondiente con identificación del lugar, fecha, personal interviniente y circunstancias del hallazgo. Cuando existan indicios de la comisión de un delito, se dará inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal y al juez competente.

Asimismo, la iniciativa establece medidas estrictas de control y prevención para evitar el ingreso de dispositivos a los establecimientos, configurando esta tarea como una obligación permanente de las autoridades responsables.

Las terminales institucionales habilitadas para las comunicaciones deberán configurarse exclusivamente para llamadas de voz, quedando expresamente prohibido cualquier acceso a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, videollamadas o intercambio de archivos.

Las comunicaciones se realizarán únicamente hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados. Además, se llevará un registro de datos básicos de cada comunicación, incluyendo fecha, hora, duración, interno solicitante, terminal utilizada y número de destino.

Finalmente, la ley contempla que la autoridad de aplicación pueda disponer la instalación de soluciones técnicas para impedir el cursado clandestino de comunicaciones móviles dentro de los establecimientos, incluyendo sistemas de inhibición o gestión controlada de señal.