El vicegobernador de la provincia, Gustavo Menna, anunció este viernes desde Comodoro Rivadavia que, por decisión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, se denunciará ante el Consejo de la Magistratura a los fiscales que solicitaron el sobreseimiento de ex funcionarios y empresarios involucrados en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017. “Es una situación incomprensible porque la causa ya estaba elevada a la instancia de juicio oral y público: no tiene sentido pedir sobreseimiento de manera oscura, sin producir las pruebas, sin escuchar a las partes”, expresó.

Acompañado en la Residencia Oficial del Gobierno en Km. 3 por la diputada nacional, Ana Clara Romero; el diputado provincial, Emanuel Fernández; y el secretario Coordinador de Gabinete de Chubut, Guillermo Almirón; Menna se refirió a un “verdadero escándalo institucional” y aseguró que el mandatario provincial “no va a permitir acciones de estas características, por lo que le ha encomendado al ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, que haga la presentación por incumplimiento de las funciones que les competen a los fiscales de la causa”.

El vicegobernador precisó asimismo que “se va a pedir en el ámbito penal que se investigue si hay alguna motivación extra en esta decisión incomprensible e injustificable de los fiscales” Adrián Cabral y Marcelo Crettón. “Se trata de que haya un esclarecimiento público, y esto se ha frustrado e implica incumplir un deber constitucional, un deber que está en los tratados internacionales de Derechos Humanos”, puntualizó.

Además, recordó Menna, el sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante los primeros meses de 2017 “ya había sido planteado en dos oportunidades por la Defensa, y en las dos oportunidades la Justicia lo rechazó, es decir que es una cuestión superada. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara, en la instancia de apelación”.

Gravísimos hechos de corrupción

El vicegobernador se refirió a “una constante, en los últimos años, de aprovechar tragedias, desastres y emergencias para robar. Son hechos que no se pueden volver a repetir”, expresó ante los medios y reveló que “todo lo que falta en infraestructura, en escuelas, en caminos, en cloacas, en obras de saneamiento” tiene directa relación con estos hechos “gravísimos” de corrupción.

En cuanto al hecho en sí, Menna detalló que “el perjuicio económico, según la cotización de ese momento, es de un millón de dólares e involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares”.

“Estamos hablando de un grupo de personas que en un concierto entre funcionarios públicos y privados inventaron horas de trabajo, de remoción de barro, de sedimentos en el medio de una tragedia. Inventaron máquinas que no existían, contratos de locación, inventaron horas de trabajo de personas que después terminaron declarando que no trabajaban para esa empresa o que nunca habían sido convocados”, reveló el funcionario.

Se trata de una “causa judicial transcendente donde se pone en juego si hay sanción o si hay impunidad para los responsables de haber lucrado y robado a la comunidad de Comodoro y a Chubut con esa desgracia y con el padecimiento de los vecinos, utilizando espuriamente fondos públicos”, lanzó el vicegobernador ante periodistas de la zona sur provincial.

“No podemos dejar pasar esto”

En la conferencia, el secretario Coordinador de Gabinete, Guillermo Almirón, habló sobre la presentación del Comando Unificado de Seguridad que el gobernador chubutense encabezó hace una semana en la ciudad de Trelew, “planteando toda la fuerza del Estado contra el delito”.

“Hubo un trabajo muy grande para llegar a ese punto y el gobernador marcaba justamente que ciertos sectores de la Justicia no estaban en consonancia con esas cuestiones. Tres, cuatro días después tenemos esta noticia de fiscales pidiendo el sobreseimiento de una causa que en dos instancias se negó esa posibilidad por parte de jueces”, cuestionó el funcionario.

Almirón aseguró que el Gobierno Provincial “no lo dejará pasar e irá a fondo con esto, porque es nuestra obligación ir contra los delitos en la Administración Pública”, concluyó.

El defensor del imputado Federico Ruffa pidió el sobreseimiento de su cliente, al cuestionar varios aspectos de la investigación. En la audiencia preliminar realizada a lo largo de toda la mañana de este viernes, la fiscal general Florencia Gómez y los querellantes dieron cuenta de la pieza acusatoria.

La fiscal general Gómez consideró conveniente nombrar, uno por uno, a una veintena de personas que participaron o asesoraron a la Fiscalía de Rawson en la investigación. Algunos de ellos además son querellantes. Se trata de varias organizaciones no gubernamentales dedicadas al cuidado del medio ambiente, organismos provinciales vinculados con el cuidado de la fauna y el medio ambiente en general, en Centro Nacional Patagónico, las fundaciones National Geographic y Greenpeace, además de abogados ambientalistas y del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, entre otras entidades.

Posteriormente, ratificó en su totalidad su investigación y los términos de la acusación. Para la fiscal general Gómez, los hechos se produjeron entre el 10 de agosto y el 4 de diciembre del año 2021 y el imputado es Ricardo Adolfo La Regina que produjo “con pleno conocimiento de que se trataba de un acto de crueldad animal y daños irreversibles, sin tener autorización ni estudios previos del impacto ambiental. Lo hizo en carácter de administrador de un establecimiento rural con costa de mar cercano a la reserva de Punta Tombo – Punta Lara, pero incluido en un Área Natural Protegida y área de importancia natural para la preservación de las naves con reconocimiento, además de la UNESCO.

Camino y alambre electrificado

Indicó además que La Regina trazó un camino utilizando máquina pesada en una colonia de pingüinos cuando las aves estaban empollando en época de nidificación y reproducción de la especie. El camino fue ejecutado paralelo al mar con el objetivo de delimitar la sucesión de un campo.

Para la fiscal general Gómez, La Regina produjo actos de extrema crueldad y con pleno conocimiento de los daños y afectación de la especie. Se trata de una zona de alta densidad de reproducción de los pingüinos de Magallanes. La traza tenía el objetivo de construir un tajamar. A las tareas de la máquina pesada se le sumó un boyero y alambrado electrificado con una batería alimentada a energía solar, colocado a una altura que impide el paso de los pingüinos y afectando el movimiento natural de las aves y las posibilidades de alimentación a los pichones.

Profunda investigación

La profundidad y minuciosidad de la investigación fue detallada en la lectura de la acusación, plagada de detalles científicos, relevamientos y pericias en el terreno, utilización de imágenes satelitales, entre otras actividades coordinadas por la fiscal general Gómez desde que se puso al frente de la investigación.

La denuncia fue realizada por Sergio Casín de Áreas Protegidas de la Provincia del Chubut. Luego se sumaron otros organismos oficiales y fundaciones dedicadas a la protección del medio ambiente. Varios de ellos prevén constituirse en querellantes. Para Gómez, estos hechos quedarán debidamente probados con toda la investigación previa realizada y los especialistas que trabajaron para probar los hechos. La propia funcionaria provincial estuvo presente en el lugar que fue allanado, peritado e inspeccionado por especialistas. Todo está descripto en la acusación de la cual dio cuenta la fiscal en respectivos informes.

La Fiscalía solicitó una pena de 4 años para el único imputado por la muerte de Pinguinos de Magallanes en la reserva Punta Tombo Punta Lara. pic.twitter.com/mcPqNPkNSJ

— Ministerio Público Fiscal del Chubut (@MpfRawson) April 12, 2024

Perjuicio económico

Todo ello conforma el marco probatorio a tener en cuenta en el juicio oral y público y que en la audiencia demandó casi dos horas y media de una rápida lectura. Para la fiscal general Gómez, el perjuicio económico es el de algo más de 518.000 dólares.

La imputación es la de daños agravados en concurso reala en tres hechos, malos tratos y acto de crueldad a los animales. La pena posible a criterio de la Fiscalía es la de cuatro años de prisión y la actuación, en el juicio oral y público, de un tribunal unipersonal.

En cuanto a las pruebas e informes reunidos en el marco probatorio, constituyen un centenar de hojas, además de la posibilidad de que se deba contar en la audiencia con unos 90 testigos.

El objetivo procesal es el de que el imputado La Regina conozca en detalle los hechos de los que se lo acusa, con el objetivo de poder ejercer el derecho de delinear su estrategia para una legítima defensa.

Luego de un cuarto intermedio, vino el turno de los representantes de las fundaciones, organismos provinciales y nacionales que serán querellantes en la causa. Coincidieron con la investigación realizada y las pruebas recolectadas por la fiscal general Gómez, no obstante haber abundado detalles de perjuicio causado. Algunos de ellos además dieron cuenta de jurisprudencia sobre casos y delitos investigados similares.

Los planteos de la defensa de La Regina

En primer lugar, el abogado defensor Federico Ruffa cuestionó la acusación. Concluyó que deber ser corregida, destacando que debió leerla “varias veces”. Concluyó que a la acusación “aún no la entiendo, porque está plagada de reiteraciones y de circunstancias que no están vinculadas con los tres hechos que se han investigado.  La acusación es un ´corte y pega´ de informes que se superponen entre sí. Esto complica el entendimiento de la acusación y saber de qué se nos acusa. Nos confunde para saber de qué se nos acusa, para así poder delinear el derecho a la defensa. Nuestro derecho queda entonces afectado”.

Dijo que el Código Procesal obliga a ser “sintéticos, claros y precisos”. Calificó que la acusación es un “pantano de información” donde “hay datos sobreabundantes como por ejemplo el tema del parentesco de la familia La Regina” o que “no están las circunstancias básicas para poder definir el delito que se habría cometido o la calificación jurídica”. También se refirió a la gran repercusión mediática del caso y la afectación a su cliente, al incorporarse conceptos como por ejemplo “matanza de pingüinos”, sin que el caso aún haya sido probado.

También Ruffa argumentó que no está claramente determinado el tipo penal afectado como el daño y el acto de crueldad en contra de los animales. Pidió el sobreseimiento de su cliente.

Gómez: “la acusación es clara”

La fiscal Gómez dijo que “la acusación es clara y precisa, con hechos determinados en fecha, modo y lugar. Por lo tanto, la calificación también es precisa como para se ejerza el debido derecho a la defensa”. Algunos querellantes dijeron que Ruffa “pretende generar confusión”, que “no hay contradicciones en los hechos descriptos por la Fiscalía” y que “lo extenso de la acusación, no implica falta de claridad”.

Área Comunicación Institucional del MPF del Chubut – Oficina Rawson.

La jueza Breckle, coincidió con Torné acerca de la gravedad de los dos hechos que se investigan y que la comunidad de Rawson no está habituada a sucesos tan violentos, además de consecutivos en donde se usó para cometer el delito, un arma blanca.

Los dos hechos se produjeron alrededor de las 22 horas del último martes. Según lo investigado por la fiscalía de Rawson, Ulloa ingresó al local “Búfalo” sobre la calle Castelli de la capital provincial. Allí, previo a exhibir un cuchillo que quedó registrado en las cámaras del local, ofreció la venta de medias a un empleado y ante la negativa del mismo, extrajo y en tono amenazante, un cuchillo plateado de grandes dimensiones, hasta que desistió debido al arribo de un cliente del local. Todo quedó registrado en una filmación de las cámaras de seguridad del comercio.

El segundo hecho, se produjo a las 22 horas, cuando un menor que regresaba a su casa desde la escuela, fue interceptado por Ulloa en una plaza de skate localizada en la avenida Antártida Argentina, casi en su intersección con la avenida 25 de mayo. Según la descripción que realizó la Policía sobre la base de testimonios de la víctima, Ulloa lo interceptó y colocándole la punta de un cuchillo al que describió como plateado y de grandes dimensiones en el pecho, le exigió la entrega del teléfono celular. El menor le dijo que no lo tenía y temeroso le ofreció la mochila. Ulloa la tomó y se alejó caminando rumbo a la terminal de ómnibus. El menor, desde su celular que tenía oculto entre sus ropas, llamó a su madre, el padre del chico lo interceptó a Ulloa mientras subía a un taxi, se produjo un forcejeo y golpes de puños hasta que fue reducido por policías que presurosos llegaron al lugar.

Ulloa vive en la calle y de manera alternada en la casa de su madre en el barrio Corradi de Trelew. Tiene tres causas judiciales menores en Trelew y Puerto Madryn. La funcionaria de fiscalía Agostina Torné, fundamentando su petición en la falta de arraigo y que puede entorpecer la investigación amenazando a los testigos, pidió la prisión preventiva por el plazo de seis meses. Calificó a los hechos como “gravísimos”. El defensor Damián D´Antonio reconoció los hechos y les restó gravedad, destacando que no está probado que en la amenaza al menor haya quedado acreditado el uso del cuchillo, teniendo en cuenta que al momento de la detención de Ulloa, este no lo tenía en su poder. Al respecto, la Policía de Rawson se aprestaba a realizar un rastrillaje con el objetivo de poder localizarlo.

La defensa argumentó en las causas penales que tuvo Ulloa y una que permanece abierta en los Tribunales de Trelew, el joven ha demostrado que acata las decisiones judiciales.

Torné calificó a ambos hechos como “amenaza agravada por el uso de arma blanca y robo en grado de tentativa en carácter de autor”. La investigación estará a cargo de la fiscal general Laura Castaño. Para la representante de la Fiscalía de Rawson existe el riesgo de que Ulloa se fugue durante el proceso en su contra, consideró que los hechos ocurridos son “gravísimos” y que además ha quedado demostrado su “desapego a la convivencia social” considerando además que intentó fugarse al abordar un taxi.

Para el defensor, el imputado vive en una “extrema situación de vulnerabilidad social” y que no se resistió al ser abordado por el padre del menor que llevaba la mochila. Este último aspecto fue cuestionado por la funcionaria de fiscalía Torné, que dio detalles de la resistencia que ofreció Ulloa al momento de ser abordado por el padre del menor.

Tras escuchar a las partes, la jueza considero legal la detención de Ulloa y adoptó un cuarto intermedio para analizar el caso y luego hizo conocer su resolución completa.

La audiencia de control de detención se realizó en la Oficina Judicial de Rawson ante la Jueza Karina Breckle.

Área Comunicación Institucional del MPF del Chubut-Oficina Rawson.

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Se realizó durante la mañana de hoy, jueves 4 de abril de 2024, una audiencia de debate oral en el marco de la causa por el homicidio del joven Ivar Elber Emyr Schmidt, en la cual las partes informaron al tribunal integrado por los jueces penales Carolina Marín, Fabio Monti y Marcos Nápoli que habían arribado a un acuerdo para realizar un juicio abreviado.

El acuerdo presentado por la fiscal general, Dra. Julieta Gamarra y por la defensora púbica, Dra. Romina Rowlands, consiste en el reconocimiento del hecho, la participación y la autoría a los fines de la declaración de la autoría responsable y, en el plazo de quince meses, el cumplimiento de una serie de medidas socioeducativas.

Medidas socioeducativas

Entre las medidas propuestas se encuentra la privación de la libertad por el plazo de 9 meses en el COSE con salidas transitorias a partir de septiembre; mantener la escolaridad, continuar con los talleres de oficios, la inscripción en cursos de capacitación y formación profesional y la continuidad del tratamiento psicológico.

Asimismo, y para el caso de incumplimiento de las medidas, una vez cumplida la mayoría de edad, la pena que se le impondría es de cinco años y cuatro meses de prisión.

El Dr. Pablo Rey, de la asesoría de menores, se manifestó a favor del acuerdo arribado entendiendo que el mismo es proporcional al delito que se le atribuye.

Luego de que cada una de las partes esgrimiera sus argumentos sobre el acuerdo arribado, el acusado – hoy mayor de edad- reconoció y aceptó su participación y responsabilidad en el hecho atribuido.

Finalmente, el tribunal informó a las partes que dará a conocer su decisión respecto de la viabilidad del acuerdo.

Los hechos
De acuerdo con la acusación realizada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 21 de Marzo de 2023 en el barrio Los Pensamientos de Trelew, cuando el acusado esperó a que Ivar Elber Emyr Schmidt saliera de un local comercial y lo atacó mediante el uso de un arma de fuego, efectuando al menos dos disparos.

Luego de este violento ataque, el menor huyó y Schmidt fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Zonal de Trelew, donde finalmente falleció a raíz de las lesiones sufridas.

La calificación legal escogida por la acusación fue homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

STJ- Medios

En el marco de la sesión especial convocada por la Honorable Legislatura del Chubut, la Dra. Camila Banfi Saavedra brindó su discurso en el marco del Informe Anual de la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, tal como manda el artículo 181 de la Constitución de la Provincia del Chubut.

Por primera vez en la historia del Chubut una mujer brindó un discurso institucional ante los legisladores provinciales como cabeza de uno de los tres poderes del estado, y en este caso fue para informar sobre la gestión que se inició el 1 de abril del año 2023 y que culminará el próximo 31 de marzo.

Con la presencia de 24 diputados provinciales, el discurso se inició pasadas las 9:20 de este martes y se extendió por una hora, tiempo en el cual la Presidenta del STJ informó sobre los principales ejes de la gestión a su cargo, especialmente en las modificaciones de la estructura de funcionamiento interno del Superior Tribunal, la implementación del Juicio por Jurados en Chubut y la tarea de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género, todo ello desde la premisa de facilitar el acceso a la justicia por parte de las ciudadanas y ciudadanos de Chubut.

Banfi estuvo acompañada en su discurso por el Vicegobernador y presidente de la Legislatura, Dr. Gustavo Menna. Estuvieron presentes la Dra. Silvia Alejandra Bustos y el Dr. Ricardo Alberto Napolitani, Ministros del Superior Tribunal de Justicia, además del Procurador, Dr. Jorge Luis Miquelarena; el Defensor General Alterno, Dr Jorge Benesperi y el Fiscal de Estado, Dr. Andrés Giacomone.

También se hicieron presentes el Dr. Rafael Lucchelli, presidente del Consejo de la Magistratura del Chubut y magistrados que integran los Colegios de Jueces de las circunscripciones Rawson, Trelew, Puerto Madryn y Esquel, tanto del fuero penal como civil, además de directores de Oficinas Judiciales, el Presidente de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut, Dr. Claudio Petris; la titular del SITRAJUCH, Gabriela Huenchual y las autoridades de los Colegios de Abogados de Trelew y Rawson.

Discurso histórico
En la apertura del discurso, la Dra. Camila Banfi dijo sentir “orgullo y emoción por ser esta una jornada histórica en la que una mujer se sienta por primera vez ante el parlamento provincial para dirigir un discurso institucional al pueblo de la provincia, como cabeza de uno de los tres poderes del estado. En mi rol de Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, máxima magistratura del Poder Judicial, vengo hoy a dar cuenta sobre la gestión del año judicial que culmina en pocos días más”.

En ese contexto, indicó que tras 67 años en los cuales el discurso estuvo a cargo de Ministros hombres, por primera vez una mujer se dirigía al pueblo de Chubut para dar cuenta de su gestión al frente no solo de la máxima magistratura, sino también en sus funciones delegadas como Presidenta del Tribunal Electoral y representante del STJ ante el Consejo de la Magistratura.

“Sin embargo, no ha sido una tarea en solitario. He transitado este camino con el acompañamiento de muchas otras mujeres, de Chubut y de otras provincias, quienes, con su trabajo profesional, su aporte académico o científico y su conocimiento profundo de nuestras comunidades, nos han permitido poner en marcha y sostener distintas políticas y programas para concretar una justicia más accesible y más eficiente” dijo la ministra de la corte provincial, quien celebró poder traspasar esa responsabilidad en los próximos días a la Dra. Silvia Alejandra Bustos.

Nuevo perfil institucional
El primer eje del discurso fue el trabajo realizado puertas adentro del STJ y señaló que “el primer paso para lograr la eficiencia y una buena prestación del servicio es adecuar el orden interno, cambiar la cultura de la organización y modificar aquellos procesos que enlentecen o frenan la puesta en práctica de las políticas dictadas por el Superior Tribunal de Justicia”.

Entre los puntos salientes destacó “la reforma administrativa de la Administración General, y se consolidó mediante la creación y eliminación de estructuras según corresponda a nuevos procesos” y agregó “la revisión de las Acordadas de organización de la Administración General y el reordenamiento de normativas, llevaron en los primeros meses de la presidencia a un profundo cambio de la estructura, evaluando las necesidades y el alcance de las modificaciones de manera continua. No ha sido una tarea fácil, pero siempre tuvimos como norte priorizar la institución bajo los principios que deben regir a un Superior Tribunal de Justicia”

El legado de los pioneros

A la hora de señalar un punto destacado del trabajo realizado y por continuar en la labor jurisdiccional del Poder Judicial, sostuvo que “una sociedad hiperconectada, con profundos cambios en sus maneras de relacionarse, en las que se manifiestan nuevas formas del delito y el aumento de la litigiosidad, no puede ser contenida sino se adaptan y modifican las normas y estructuras de funcionamiento. No desconocemos que hay algunos artículos de nuestro Código Procesal Penal que necesitan una actualización y no tengo dudas que el aporte de los jueces que hablan por la calidad de sus sentencias, debe ser una de las principales referencias a la hora de dar este debate.

“Desde el 2022 cuando se resolvió implementar de manera plena la Ley XV N° 30, fue recuperar el espíritu de los pioneros, la forma de administrar justicia que se dieron aquellas mujeres y hombres que habían inmigrado desde Gales y poblaron nuestro territorio, en los valles próximos al mar y en plena cordillera” señaló Banfi, quien sostuvo que con la misma impronta se inició el proceso de capacitación, organización y puesta en marcha de los juicios bajo esta modalidad.

En cuanto a los resultados, indicó que “ya han pasado 14 meses desde el inicio de los juicios con jurados populares y el sistema se ha consolidado en la casi totalidad de las circunscripciones judiciales, con un total de 23 procesos concluidos en todo el territorio provincial durante el año 2023 y lo que va del 2024”, para luego destacar el alto compromiso de la ciudadanía, resumido no solo en la participación de hombres y mujeres en distintas circunscripciones, sino que además en los veinte juicios con jurados populares, las decisiones siempre fueron unánimes, sin que haya producido un estancamiento en las deliberaciones de las doce personas que integran el tribunal.

El trabajo de la Oficina de la Mujer

Uno de los ejes centrales del discurso fue la política impulsada bajo su gestión respecto a los proyectos de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género que dirige la Dra. Mariana Ripa. En ese contexto detalló los distintos programas que viene implementando esa área a fin de coordinar y articular acciones en conjunto en relación a la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres y colectivo LGTBIQ+; las campañas de capacitación y sensibilización sobre violencia de género y discriminación; la implementación de un Protocolo de actuación para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia en Ambientes de Trabajo”; los Mecanismos de Articulación en Materia de Género y el Taller de visibilización y reflexión sobre violencia género (Ta.Vi.Re), entre otros programas.

En ese contexto, se refirió también al trabajo articulado con la Oficina de la Mujer respecto al Cupo Trans, al Cupo de Discapacidad y al trabajo interinstitucional con la Procuración y el Ministerio de Educación referido al Grooming.

Modernización y Gestión de Calidad

La Dra. Banfi Saavedra destacó el avanzado y permanente proceso de digitalización de los trámites y causas judiciales. “Se continúa avanzando en soluciones hacia una política CERO PAPEL. No se trata sólo de un avance importante en términos de ahorro de recursos, con el consiguiente beneficio medioambiental que esto conlleva, sino sobre todo la posibilidad de brindar soluciones 100% digitales, las cuales brindan una herramienta ágil y dinámica al requerimiento de quienes se acercan al sistema judicial” dijo Banfi.

En ese sentido, planteó uno de los obstáculos más importantes a futuro y que tiene relación con la renovación del recurso humano, al indicar que “una justicia moderna requiere, además, un recurso humano altamente calificado y adaptado a estas nuevas necesidades, pero desde hace unos años, ese proceso se viene frenando a partir de la imposibilidad de generar nuevos cargos por motivos presupuestarios, por un lado y por la baja adhesión de los empleados judiciales de mayor antigüedad al sistema jubilatorio ante las modificaciones previsionales que se fueron realizando”, tema que cerró con un fuerte reconocimiento a quienes en el último año han pasado al sector pasivo dentro de los agentes que venían desempeñándose en el Poder Judicial.

Más mujeres, más justicia

En el cierre de su discurso, la Dra. Banfi Saavedra destacó el acompañamiento de los Ministros con los que comparte el STJ, al señalar que “desde nuestra individualidad, como magistrados, hemos abordado cada uno de estos temas con una visión diferente y a veces encontrada. El disenso ha si parte de nuestra forma, entendemos saludable, de debatir posicionamientos; pero siempre en el marco del respeto profundo desde lo personal y profesional, en la comunión que los cuerpos colegiados deben encontrar para determinar sus resoluciones”

La Presidenta del STJ cerró su discurso con el lema de la Asociación de Mujeres Jueces Argentina, “Más Mujeres, Más Justicia” y con una frase de Ruth Bader Ginsburg, quien fuera magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos desde 1993 hasta 2020, quien sostuvo que “a medida que las mujeres alcancen el poder, las barreras caerán. A medida que la sociedad vea lo que las mujeres pueden hacer, a medida que las mujeres vean lo que las mujeres pueden hacer, habrá más mujeres haciendo cosas, y todos estaremos mejor”.

Luego de escuchar deposición efectuada por trabajadora de asistencia social, cuyo testimonio fue acercado por la defensa, el Ministerio Público Fiscal a través de la fiscal general Julieta Gamarra, que estuvo acompañada por la funcionaria de fiscalía Verónica Fabbris puso énfasis en la declaración de culpabilidad efectuada por el jurado, habiendo quedado demostrado fehacientemente el hecho mediante el cuál Darío Fernando Cárdenas disparó en dos oportunidades a Damián Sena, provocando su muerte.

La fiscalía remarcó la gravedad del hecho y la forma en que el agresor escapó del lugar y se fugó de la zona, siendo detenido diez meses después en Mar del Plata. Mencionó el antecedente de una condena impuesta en juicio abreviado por un robo tentado en el año 2018 por seis meses de prisión en suspenso y declaración de reincidencia debido a otra condena del año 2012. En consecuencia y valorando los extremos de la pena en este delito, pidió se lo condene a dieciocho años de prisión más la declaración de reincidencia prevista en el artículo 50 del código penal. Además argumentó la fiscalía sobre la subsistencia de los riesgos procesales que implican la mantención de la medida de coerción hasta que la condena quede firme.

A su turno, la defensora Gladys Olavarría manifestó la necesidad de generar un ámbito de reinserción para su cliente, subrayando que tiene 44 años, aún con posibilidades laborales con la carga de mantención familiar. Rechazó la posibilidad de declarar la reincidencia y pidió se aplique la pena mínima, esto es de diez años y ocho meses de prisión. No puso objeción al mantenimiento de la prisión preventiva.

El Juez de la causa Gustavo Castro en primera instancia confirmó que Darío Fernando Cárdenas deberá continuar con la prisión preventiva, al menos hasta que la condena quede firme, previéndose la posibilidad que tiene la defensa para impugnar lo decidido por el jurado durante el juicio y comunicó que en el término de cinco días, como lo indica la norma, dará a conocer la sentencia que le cabe al condenado.

Quedó acreditado durante el juicio por jurados que el 18 de septiembre de 2021, alrededor de las 21,17, Cárdenas se acercó al domicilio de 25 de mayo al 1700 de Trelew, circunstancias en las cuales sabiendo lo que hacía y con claras intenciones de terminar con la vida de Sena, ingresó al lugar portando un arma de fuego y tras mantener una discusión con la víctima, le efectuó un disparo en la cabeza. Luego de haber logrado su cometido se dio a la fuga abordando un vehículo marca Chevrolet. Como consecuencia del disparo, Sena sufrió serias heridas, lo que finalmente le produjo un traumatismo encéfalo craneano que resultó incompatible con la vida. La calificación legal es por homicidio agravado debido al uso de arma de fuego, previsto en los artículos 79, 41 bis y 45 del código penal.

La Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) elogió la pronta respuesta judicial en el caso de un individuo condenado por abuso sexual de menores, quien prestaba servicios para el Sindicato Único de Portuarios y Afines (SUPA). Tras expresar su repudio en un comunicado, el sujeto fue detenido el miércoles luego de una audiencia en los Tribunales de Puerto Madryn, en respuesta al rechazo de CAFACH y las demandas de diversos sectores, incluido el gobernador electo Ignacio Torres, quien subrayó la necesidad de que el condenado por violación no permanezca en libertad en Chubut.

Gustavo González, líder de CAFACH, expresó su satisfacción por la prontitud con que la Justicia abordó un caso de gran sensibilidad para la sociedad y la familia pesquera. González reiteró la postura de que es inaceptable que alguien condenado por un delito tan grave continúe libre, formando parte de la actividad portuaria y la vida cotidiana. Destacó la importancia de no normalizar situaciones tan delicadas.

En relación a la participación de Marcial, el empresario condenado y prestador del SUPA, y la falta de repudio público del gremio, González fue enfático al afirmar que no se puede especular con un caso tan grave, especialmente cuando la Justicia ya emitió una sentencia firme. Subrayó que la defensa de los trabajadores y sus familias no debería depender del sector al que pertenezca el involucrado.

Fuentes propias y Diario el Chubut.