Ayer miércoles se llevo a cabo la audiencia de apertura la investigación a raíz de reiteradas estafas cometidas, entre abril del año 2023 y febrero de 2024, que tiene como imputadas a Vanesa Fita y también a Lucía Miranda, Gisela Mansilla, María Curan y Camila Páez, sobre una presunción de 594 hechos que serán motivo de análisis judicial.

El fiscal Martín Cárcamo solicitó se inicie la investigación en contra de las imputadas en base a la calificación legal provisoria de “estafa por calidad simulada e influencia mentida, 594 hechos en concurso real” en calidad de “autor” para Fita y de “partícipe necesarias” para las restantes 4 imputadas.

Por su parte las defensas se opusieron a la apertura de investigación en contra de sus asistidas. Finalmente, el juez penal resolvió autorizar la apertura de investigación en contra de las 5 imputadas, dando por anoticiadas del hecho que se investiga en su contra y por asegurada su defensa técnica.

Participantes

La audiencia fue presidida por Alejandro Soñis, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Martín Cárcamo, fiscal general; la defensa de Fita fue ejercida por Vanesa Vera acompañada por Luciana Risso, defensoras públicas; la de Curan por Guillermo Iglesias y la de Miranda, Masilla y Páez por María de los Ángeles Garro, defensora pública.

Los hechos

El fiscal requirió se formalice en contra de las imputadas el hecho acontecido en ésta ciudad, entre el mes de abril del año 2023 y el mes de febrero de 2024, cuando Vanesa Elizabeth Fita, simulando ser intermediaria y organizadora de una cooperativa de vivienda, fingiendo trascendentes vinculaciones con funcionarios públicos provinciales, y aprovechándose de la necesidad habitacional imperante en la cuidad, ofreció a un grupo indeterminado de personas la adjudicación y/o adquisición de una vivienda construida o próxima a construirse por el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) en ésta ciudad, y sin contar para ello con recursos materiales suficientes ni autorización legal vigente.

A esos fines, mediante contacto telefónico previo, y utilizando tres celulares, les solicitó a las personas interesadas, el depósito bancario por la suma de $100.000. Suma que una vez acreditada se informaba enviando el recibo de pago y se las ingresaba a distintos grupos de WhatsApp donde se les requería información y se organizaban reuniones informativas. Así Fita incorporó a la maniobra defraudatoria a las otras 4 imputadas cuyo aporte consistió en mantener el ardid o engaño e ingresar nuevos adherentes. De esta forma se llega al número de 594 casos, con un perjuicio económico de $59.400.000. Calificando provisoriamente el hecho como “estafa por calidad simulada e influencia mentida, 594 hechos en concurso real” en calidad de “autora” para Fita y de “partícipe necesarias” para las restantes 4 imputadas: Lucía Miranda, Gisela Mansilla, María Curan y Camila Páez. Solicitando el plazo de Ley, 6 meses, para concluir con la investigación.

Rechazo de la defensa

Por su parte el defensor de Curan pidió “no se haga lugar a la apertura de investigación” ya que el fiscal “no pudo explicar el ardid” y porqué ella también pretendía su casa. Preguntándose ¿por qué habría de pagar si ella sabía que era un fraude?. Asegurando que ella no sabía, que actuó en estado de error.

En igual sentido la defensora de Fita se opuso a la apertura de investigación ya que “el relato del hecho carece de contenido”, es decir “en qué consistió el ardid o engaño”. Esta parte se ve impedida de ejercer una defensa adecuada” argumentó la defensora.

Seguidamente la defensora de Miranda, Páez y Mansilla compartió los argumentos de los anteriores defensores, que no se da para sus asistidas cual es el dolo, se debe identificar en qué hechos participaron, de qué hechos se están defendiendo. No se encuentra dada esta circunstancia. Oponiéndose a la apertura y haciendo reserva en caso de que se disponga la misma.

Apertura concedida

Por su parte el fiscal resistió los planteos de los defensores y brindo argumentos en contrario que fueron compartidos por el juez.

Finalmente, el juez penal resolvió que la fiscalía ha cumplido con la observancia establecida por la Ley, en cuanto a lo que debe tener la audiencia de apertura, acercando elementos suficientes para la misma. Respecto de la calificación jurídica es provisoria. Teniendo en cuenta las observaciones de las defensas, autorizó la apertura de investigación preparatoria por 6 meses, dando por anoticiadas a las imputadas del hecho que se investiga en su contra, su calificación legal y por asegurada su defensa técnica.