La sesión desarrollada ayer jueves en la Legislatura permitió el ingreso de la siguiente providencia: N° 126/23, referida a la nota presentada por el Dr. Alfredo Pérez Galimberti y Gastón Martín, por la cual solicitan se inicie juicio político en los términos del artículo 198 de la Constitución Provincial y la Ley V N°79, contra el Dr. Daniel Esteban Báez.
Se trata del miembro del Superior Tribunal de Justicia a quien el denunciante le realiza una serie de acusaciones por su desempeño en causas anteriores en su carácter de Fiscal Jefe de la jurisdicción de Puerto Madryn y también se lo acusa de haber influido en la incorporación al sistema judicial de un familiar directo.
Ahora, los diputados provinciales deberán evaluar la denuncia en la Sala de Juzgar y, en caso de ser admitida, pasará a la Sala de Juzgar de la Legislatura que definirá el destino del actual integrante del máximo tribunal chubutense.
La denuncia la presentó el reconocido jurista (ex Defensor General) Alfredo Pérez Galimberti, que patrocina a Gastón Martín, padre de un menor que fue víctima de abuso sexual en la localidad de Puerto Pirámides y por el cual condenaron a la madre a 16 años y al padrastro a 14 años de prisión.
A Báez le endilgan su participación en esa causa cuando era jefe de los fiscales de Puerto Madryn. Puntualmente, lo acusan de realizar “diversas maniobras espurias” y de avalar o instruir otras “desarrolladas por otros miembros de la Fiscalía que conducía, con el objetivo claro de frustrar el avance de una causa en la que se ventilaban gravísimos hechos de abuso sexual perpetrados a un menor en su seno familiar”, dice la denuncia de Pérez Galimberti.
El pedido de juicio político incluye un segundo aspecto contra Báez, al que se acusa de ejercer “nepotismo judicial” por la designación de su hijo en el Ministerio Público Fiscal sin concurso previo.
Para los denunciantes, esta actitud “denota una evidente inhabilidad ética y moral que se traducen en un incumplimiento de los deberes a su cargo y posibles faltas o delitos en el cumplimiento de sus funciones”.
Según Pérez Galimberti, “esa designación fue realizada ‘a dedo’, invocando mecanismos, al menos, reñidos con la reglamentación aplicable, y violentando cualquier estándar ético”.
Pero este tema se enlazaría con otra actuación de Báez, esta vez como integrante del Superior Tribunal, en el jury contra el fiscal Fernando Rivarola, que finalmente fue sobreseído de las acusaciones en su contra. Es que Báez fue parte del Tribunal que enjuició a Rivarola y los denunciantes aseguran que el hijo del actual ministro del Superior fue designado en el MPF en la Oficina de Cibercrimen que, precisamente, lidera Rivarola.
FUENTES: propias y Diario Jornada
