Fue este martes en el auditorio de la Legislatura, en el contexto de una reunión convocada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que preside la diputada María Andrea Aquilera. Asistieron el ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz; el ministro de Gobierno, Andrés Meiszner; el procurador general, Jorge Miquelarena; y el fiscal de Estado, Andrés Giacomone.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura del Chubut realizó este martes una reunión informativa ampliada, con la presencia de funcionarios provinciales y de diputados de todos los bloques, con el objetivo de avanzar con la reforma del Código Procesal Penal enviada por el Poder Ejecutivo y que fue debatida de manera amplia durante las últimas semanas.

La reunión se realizó en el auditorio de la Legislatura, y participaron la presidenta de la Comisión, María Andrea Aguilera; el ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz; el ministro de Gobierno, Andrés Meiszner; el procurador general, Jorge Miquelarena; y el fiscal de Estado, Andrés Giacomone.

“Todos los efectores del sistema dieron su opinión. Y lo más positivo es que todos llegamos a una conclusión unánime: hace falta una reforma, ya que han pasado muchos años de la puesta en vigencia del código y se ha desactualizado”, dijo Iturrioz.

Explicó que “lo que se busca es celeridad en los procedimientos penales. Para ello se hicieron múltiples reformas, sobre todo en cuanto a la competencia de los jueces penales. Todos los que hicieron aportes fueron sumados y consensuados. Y se llegó una idea común”, agregó.

Recepción

En tanto, Meiszner se manifestó “muy contento” por la reunión ampliada y por la “muy buena recepción, no solamente por parte del oficialismo, sino también de la oposición, y de actores fundamentales que hacen a la actividad diaria en materia penal, como la Asociación de Magistrados y los Colegios de Abogados, entre otros”.

“Creo que se ha encontrado un texto consensuado en todas las partes, y seguramente el día jueves tendrá acogida favorable la sesión”, consideró.

Beneficio del proceso

Por su parte Miquelarena valoró: “Nosotros expresamos lo que considera una porción importante de los operadores del sistema, y que son los fiscales. No hay un solo artículo de la reforma que sea en beneficio del Ministerio Público Fiscal, sino que es en beneficio del proceso. Eso es lo que nosotros creemos que va a suceder”.

“Tampoco nos creemos los dueños de la verdad, y de hecho hemos consensuado algunas cuestiones que nos parecieron razonables”, indicó.

Al respecto ahondó: “Creo que los cambios más importantes están relacionados con darle más operatividad al proceso rápido, el subir el techo del juicio abreviado, el subir la competencia de los jueces unipersonales, lo cual va a solucionar de algún modo la falta de jueces y, consecuentemente, las demoras, a veces increíbles demoras en hacer el juicio”.

Además dijo que la reforma incorpora “cuestiones que tienen que ver con el género: por ejemplo, el poder impedir impugnar las decisiones que a veces no podíamos impugnar por el monto de la pena. O, por ejemplo, que sea una causal más a tener en cuenta por el juez a la hora de dictar una prisión preventiva a aquel sujeto que viola una prohibición de acercamiento”.

“Lo bueno es que ahora al menos todos están de acuerdo en la necesidad de reforma”, cerró.