El fiscal Martin Robertson, fue el fiscal de juicio y quien defendió ante la Cámara Penal, el veredicto de un jurado popular y la pena impuesta por un juez técnico. El caso llegó a consideración de los jueces Martín Zacchino, Hernán Dal Verme y Carina Estefanía, por el recurso presentado por la Defensa Pública. La Cámara confirmó por unanimidad la sentencia.

Hubo varios cuestionamientos realizados por la Defensa que debieron ser respondidos por la Fiscalía y analizados por los jueces del tribunal revisor. Los planteos atacaron algunas pruebas testimoniales técnicas, alegando que llevaron a la confusión del jurado popular para que resuelva de un modo contrario a la lógica de lo probado.

Los jueces de la Cámara fueron unánimes en su criterio. No se produjo tal confusión y el veredicto del jurado es válido.

También debieron revisar la pena impuesta. La Fiscalía había requerido la imposición de una pena de 15 años y el juez técnico del debate, consideró los agravantes y atenuantes, descartó algunos agravantes y fijó la condena en 14 años de prisión.

Este aspecto de la sentencia fue analizado en detalle por los camaristas, quienes concluyeron en que estuvo bien fundamentado y por eso lo confirmaron.

Por haberse impuesto una pena de más de diez años, lo resuelto fue puesto en conocimiento del Superior Tribunal de Justicia de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal.