Hoy lunes 25 de noviembre, se inicia en la Oficina Judicial de Rawson, el juicio oral y público contra siete imputados en la causa judicial denominada “ñoquis calientes”. Entre los imputados figura la ex diputada provincial y ministra de Familia provincial, Cecilia Torres Otarola, quien deberá comparecer junto a Branco Rodero Neira, Facundo Solari Rodera, Marta Rodera, Miguel Reto Reyes, Silvana Cañumil y Jaquelina Rodera.
Se trata de un caso por presuntos actos de corrupción y mal uso de recursos públicos. La exfuncionaria habría obligado el retorno de parte de los sueldos de los empleados que ella misma habría ayudado a ingresar en carácter de asesores en la Legislatura provincial. En su gestión como Ministro de la Familia, habría designado en cargos de alto rango a personas cercanas a ella que no vivían en la zona ni realizaban contraprestación para el Estado. Por ese motivo, la causa judicial se mediatizó bajo la denominación de “noquis calientes”.
El fiscal a cargo de la investigación fue Omar Rodríguez, que además es el titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública (UFEDAP).
El tribunal que dará un veredicto está integrado por los jueces Carlos Richieri, Jose Luis Ennis, y Marcela Pérez Bogado.
Intento vano
Durante la mañana del último viernes, una de las imputadas, Jaquelina Rodera, le pidió al tribunal que no se inicie el juicio y argumento que ante la “pérdida de confianza” con sus defensores, Francisco Romero y Romano Cominetti, decidió reemplazarlos por la abogada Verónica Navarro.
“Hubo divergencias insalvables con mi anterior letrado respecto de su actuación y por haber perdido comunicación con el mismo tampoco he sido notificada de la citación a juicio ni por cédula ni por ningún otro medio, encontrándome en absoluto estado de indefensión”, argumentó la imputada, solicitando tiempo para que su nueva defensora conociera el expediente.
Calificaciones
A Torres Otarola, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en calidad de autora por 8 hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Respecto de Silvana Adriana Cañumil se le imputa el delito de fraude a la administración pública, un hecho por concusión, y dos hechos en calidad de participé secundario.
A Jaquelina Rodera, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en calidad de partícipe primario, por tres hechos. A Marta Rodera, se le imputa el delito de fraude la administración pública, un hecho en calidad de partícipe primario. Respecto de Facundo Solari Rodera, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en un hecho como participe primario. A Miguel Angel Reto Trelles, se le endilga el delito de fraude a la administración pública por un hecho, como participe primario. Respecto de Branco Rodera Neira, el delito de fraude a la administración pública por un hecho, como participé primario.
Penas pretendidas
Para los fiscales Cecilia Torres Otarola, “resulto pieza central de la actividad delictiva investigada”. Según las calificaciones legales escogidas, la escala penal parte desde los dos años, más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La Fiscalía estima que al momento de pedir pena, la misma no será inferior a los cuatro años de prisión efectiva, más la inhabilitación especial por igual plazo.
A Jaquelina Rodera, se le pedirán tres años de prisión en suspenso, más la inhabilitación especial por igual plazo, Mara Rodera dos años de prisión en suspenso, Facundo Solari Rodera dos años de prisión en suspenso, Miguel Angel Reto Trelles dos años de prisión en suspenso y a Silvana Adriana Cañumil tres años de prisión.
Área Comunicación Institucional del M P F del Chubut – Oficina Rawson
