El Comité Departamental Esquel de la Unión Cívica Radical solicitó formalmente a la Legislatura de Chubut el reemplazo del actual director de la Empresa Provincial de Energía del Chubut (EPECh), Santiago Igón, luego de que la Justicia resolviera reabrir la causa vinculada al denominado “vacunatorio VIP” en la provincia. La petición fue presentada mediante una nota dirigida al presidente de la Legislatura, Gustavo Menna.
En el documento, fechado el 4 de marzo de 2026 en la ciudad de Esquel, los firmantes recuerdan que el exdiputado nacional había sido designado en octubre de 2025 como director de la empresa energética provincial a propuesta de la primera minoría legislativa. Sin embargo, señalan que su situación judicial cambió recientemente tras una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal.
Según detalla la nota, el proceso judicial contra Igón había sido cerrado inicialmente por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que autorizó la extinción de la acción penal a cambio de una reparación económica. No obstante, tras una apelación presentada por el fiscal Teodoro Nürnberg, la Sala III de Casación anuló ese cierre y ordenó que la causa continúe hacia la instancia de debate oral.
Los camaristas sostuvieron que en casos que involucran a funcionarios públicos no corresponde extinguir la acción penal mediante una reparación económica, especialmente cuando los hechos investigados afectan la confianza pública. En ese sentido, remarcaron que la situación debe ser analizada en un juicio público y transparente.
Ante este escenario, el comité radical de Esquel planteó que, por razones de ética y transparencia institucional, el proceso judicial debería desarrollarse sin que el funcionario continúe ejerciendo el cargo de director en la empresa estatal. En la carta se solicita además que el documento sea remitido a todos los bloques parlamentarios para que analicen el tema.
Finalmente, los firmantes pidieron que se adopten medidas preventivas para apartar a Igón de su función hasta que se resuelva su situación judicial. Argumentan que permitir su continuidad podría interpretarse como un aval político a la permanencia en el cargo de una persona que enfrentará un juicio por un hecho de alta sensibilidad pública en la provincia.
