El próximo lunes 3 de agosto comenzará en Rawson el juicio oral y público contra un hombre acusado de envenenar y provocar la muerte de tres perros utilizando carbofurán, un agroquímico de alta toxicidad cuya venta y tenencia están prohibidas en Argentina desde 2018. El caso, ocurrido en marzo de 2025 en el barrio La Isla, generó una fuerte conmoción en la comunidad y ahora será debatido ante la Justicia.

La fiscal especializada en delitos ambientales y maltrato animal, Florencia Gómez, confirmó que el Ministerio Público Fiscal buscará demostrar la responsabilidad del único imputado por la muerte de “Samy”, “Lupe” y “Manija”. Según la investigación, los animales ingirieron cebos contaminados con carbofurán, una sustancia considerada de alto riesgo para la salud pública.

“En este caso, tres canes murieron a causa de la intoxicación y envenenamiento masivo con carbofurán”, explicó la funcionaria judicial.

Gómez detalló que la investigación demandó varios meses de trabajo y requirió la intervención de numerosos organismos especializados para confirmar el origen del veneno. Entre ellos mencionó al SENASA, el Hospital Posadas, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y el laboratorio de Comodoro Rivadavia que trabaja para la Procuración. “Teníamos más de 15 muestras, no solamente de los cuerpos de los canes, sino también de insectos y aves que habían fallecido alrededor de los cuerpos”, señaló.

Durante el juicio está prevista la declaración de 30 testigos, entre vecinos, damnificados, policías, veterinarios, bioquímicos y especialistas en ciencias exactas. Además, la Fiscalía incorporará pruebas físicas y digitales reunidas durante la etapa investigativa para sostener la acusación.

La causa fue encuadrada en los delitos de crueldad hacia los animales y violación de la Ley de Residuos Peligrosos. En ese sentido, Gómez remarcó que el carbofurán fue prohibido justamente por los riesgos que representa. “Es una sustancia altamente tóxica y está prohibida desde 2018, justamente porque es peligrosa para la salud pública”, afirmó.

La defensa del acusado había solicitado el sobreseimiento, pero el planteo fue rechazado por la Justicia, que habilitó la realización del debate oral.

De ser hallado culpable, la Fiscalía pidió una pena de cuatro años de prisión, mientras que la querella, representada por el abogado Romano Cominetti, solicitó cinco años de prisión, ambas de cumplimiento efectivo