El Instituto Provincial de la Vivienda verificó que el inmueble estaba desocupada, con los ventanales rotos y sin puerta de acceso. Luego de analizar el descargo del adjudicatario, revocó la adjudicación e inhabilitó tanto al empleado municipal como a su expareja. Se trata de la casa que los vecinos señalaban como aguantadero y que en su interior había elementos robados.
El Instituto Provincial de la Vivienda aplicó una dura sanción contra un adjudicatario de Rawson al comprobar el estado de abandono total de un inmueble entregado por el Estado. La medida busca enviar un mensaje contundente sobre la obligación estricta de residir en las viviendas sociales y el deber de cuidar el patrimonio público.
El caso se produjo en el Barrio 32 Viviendas del sindicato Empleados .Municipales Agremiados ubicado sobre la calle Victoria Ocampo. Durante una inspección de rutina, el personal del organismo constató que la casa se encontraba completamente desocupada, con los ventanales rotos, sin la puerta de acceso principal y con custodia policial. A ello se sumaron las denuncias de los propios vecinos del sector, quienes advirtieron que el lugar no contaba con servicios básicos y que la vivienda permanecía desocupada.

Argumentos falsos y dura sanción
El titular de la vivienda intuyó que estaba frente a la pérdida de la vivienda e intento esbozar un descargo el cual para perjuicio contenía numerosas contradicciones que rápidamente quedaron evidencia .
El sujeto explicó su ausencia de la casa por encontrarse al cuidado de sus hijos en el domicilio de su ex pareja. Además alegó estar esperando la convocatoria a un trabajo por temporada.
Lamentablemente para su pretensión, Sin embargo los funcionarios del IPV cruzaron esa argumentación con información oficial y allí confirmaron que el mismo se desempeña como empleado de planta permanente en la Municipalidad de Rawson, con lo cual la excusa económica cayó.
Así quedo en evidencia la maniobra y la falsedad de tales argumentos por lo cual y ante el incumplimiento de la obligación de los grupos familiares de habitar las casas otorgadas por el organismo, la gerencia general del IPV firmó la resolución revocando la adjudicación de forma inmediata.
Pero además se dispuso que tanto este individuo como su ex pareja queden inhabilitados para acceder como locatarios o beneficiarios a cualquier otra operatoria financiada por el IPV




