Ricardo La Regina, productor ganadero, enfrentó los cargos en su contra por los delitos de “daño agravado” y “crueldad animal” por la presunta muerte de pingüinos en la reserva de Punta Tombo -Punta Clara, en Chubut. El caso, podría conformar un juicio de referencia en materia ambiental.

Se investiga la presunta muerte de numerosos pingüinos en la estancia “Punta Clara”, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo, durante el período entre agosto y diciembre de 2021.

La Fiscalía, representada por Florencia Gómez, se opuso al ofrecimiento por parte del abogado defensor, Federico Ruffa, propuso el instituto de la suspensión de juicio a prueba, ofreció 500 hectáreas, lo que produjo que el Tribunal tras un cuarto intermedio resolviera no hacer lugar y dar inicio al debate. Este juicio, que se desarrollará en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia del Chubut, se extenderá por al menos una semana y media y contará con la participación de aproximadamente 60 testigos que presentarán su testimonio tanto de manera presencial como a través de teleconferencias.

Los cargos en contra de La Regina se derivan de la construcción de un camino paralelo a la costa sin la debida autorización, lo que impactó negativamente en los nidos de pingüinos en plena época de reproducción. Además, se le imputa la instalación de un alambre electrificado, también sin permisos, que habría afectado el entorno de los Pinguinos  una de las especies protegidas, considerada de importancia natural. Durante el juicio, se espera que se presenten diversas pruebas, incluyendo documentación y material visual, con un cronograma de presentaciones que abarcará las mañanas y tardes de las sesiones, intercaladas con un descanso de dos horas al mediodía. Asimismo, está contemplada una visita al establecimiento rural para que el tribunal y las partes intervinientes puedan observar in situ el lugar donde se habrían producido los presuntos delitos.

Durante el inicio de la primera jornada del debate, el defensor del imputado, Federico Ruffa, realizó un planteo previo, con el objetivo de llegar a un acuerdo y evitar el debate y la resolución de culpabilidad o inocencia por parte del Tribunal.

Utilizó, para ello, la figura de “suspensión de juicio a prueba. Dijo que “hay una gran cantidad de falsedades que se han dicho sobre los hechos. Lamentablemente, nunca pudimos conformar una mesa de acuerdo con los acusadores”. Destacó que este acuerdo “no significa reconocer los hechos, pero sí tiene que ver con el objetivo de evitar el tormento al que es sometido el señor Ricardo La Regina en un proceso penal durante tanto tiempo”.

Ruffa continúo con los cuestionamientos, dijo que “nunca se debió llevar a esta instancia el caso. Además, cuestiono la escala penal escogida por los acusadores porque los delitos que se endilgan nunca pueden llevar a una prisión efectiva. Por eso la suspensión de juicio a prueba es una solución. Esta reparación que ofrecemos tiene el objetivo de la pacificación, solucionar el conflicto y evitar la violencia del Estado contra una persona. Además, debemos tener en cuenta el alto impacto mediático del caso”.

Posteriormente, se generó un nuevo debate respecto de los alcances del uso de la palabra y el derecho que tiene el imputado de expresarse ante el Tribunal. La declaración de La Regina debió ser muy escueta al no permitírsele dar detalles de toda la trama familiar que existe detrás de la denuncia. Solo se refirió a la propuesta reparatoria: la donación de 500 hectáreas al Estado para que termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara. “No existe un plan de manejo claro sobre los límites de explotación ganadera, en compatibilidad con el manejo de los pingüinos. En todos estos años lo planteé siempre. Pero nunca tuve respuestas”, destacó. Ruffa dijo también que “la defensa del medio ambiente no debe llevarse puesto los derechos de un ciudadano. La acusación habla de daño y maltrato animal. No habla de afectación del medio ambiente”.

Negativa de fiscal y querellante

De manera coincidente, la fiscal general Florencia Gómez y los dos querellantes, con los mismos argumentos, se opusieron a la aplicación de la “suspensión de juicio a prueba”. Uno de los argumentos fue el que prevaleció y fue el que el Tribunal tuvo en cuenta cuando deliberó en un cuarto intermedio, para concluir en rechazar el ofrecimiento del imputado y su defensor. “Desde el pasado mes de abril la defensa del imputado tuvo la oportunidad de hacer todos los planteos, incluso el ofrecimiento de la suspensión de juicio a prueba. Y no lo hizo”, dijo la fiscal general Florencia Gómez.

Ese argumento fue el destacado por acusadores y querellante: el ofrecimiento del defensor, fue presentado de manera tardía.  Agregaron que si no se desarrolla el debate “se produce un gran dispendio jurisdiccional, con el esfuerzo inútil de mucho recurso humano y material a manera de organización del juicio”. Los querellantes agregaron que “la solución ofrecida es de difícil aplicación. No es una cuestión económica, sino que se trata de hechos que afectaron a todo el medio ambiente. Buscamos un debate público y transparente que determine cuál fue el grave daño ambiental que se produjo.

Existió luego un planteo de Ruffa de derivar esta observación a la Cámara Penal, pero la utilización de este recurso, también fue rechazado por el Tribunal.

El tío del imputado

Antes del cuarto intermedio previsto para el mediodía, declaró el primero de los testigos, Luis Alberto La Regina, tío y denunciante, además de los hechos que tiene a su sobrino Ricardo como imputado.

Dijo que la traza del camino “fue una salvajada, quedé muy impactado por la traza y el desmonte realizado”.  También se refirió a la historia y las características naturales del lugar, con un total de campos de unas 16.000 hectáreas. Dijo, no obstante, que “nunca se escribieron los roles de explotación y la convivencia de animales en el lugar. No hay nada escrito porque siempre nos hemos manejado con el sentido común al reconocer otras trazas de caminos internos como por ejemplo realizadas para ejecutar molinos de agua”.

Al momento de hacer la denuncia manifestó que “fui a turismo y me dijeron que no tenían nada que ver, los de Fauna nunca aparecieron. Me di cuenta de que me estaban biciclete ando. Así que llamé al especialista Pablo Borboroglu que hizo un informe para que el ministro de turismo, Néstor García, realice la denuncia correspondiente”.