La investigacion se inició a partir de una denuncia recepcionada en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública y se encuentra en etapa inicial. En el marco de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación por un presunto hecho vinculado al intento de impedir el inicio del ciclo lectivo.
La investigación es llevada adelante por los fiscales de la UFE DAP, Dra. Julieta Gamarra y Dr. Lucas Papini, quienes dispusieron las primeras medidas investigativas, entre ellas la ratificación de la denuncia y la recolección de registros fílmicos, en un trabajo conjunto con la División de Investigaciones Policiales (DPI) Trelew.
Con los elementos reunidos, se solicitaron allanamientos en domicilios y en la empresa donde habría tenido lugar la reunión. Los procedimientos, realizados el 10 de febrero, permitieron el secuestro de teléfonos celulares y cámaras de seguridad.
La causa se encuentra en una etapa inicial y la calificación legal es provisoria, sin perjuicio de que pueda modificarse conforme avance la investigación.
La fiscal Julieta Gamarra habló este miércoles y dio detallesdel allanamiento seguido de secuestro de celular al exfuncionario probvincial Gonzalo Carpintero, hoy vinculado al negocio de la pesca a través de la Cámara de la Flota Amarilla Chubutense CAFACh..
“Le habría ofrecido dinero al dirigente gremial José Severiche, de ATE, para iniciar un conflicto y así retrasar el inicio de clases el día 17 de febrero en Chubut”, dijo que la fiscal. Y agregó que el motivo sería “afectar la imagen del Gobierno provincial”.
Según Gamarra, “el delito está en ofrecer dinero a cambio ‘de’. Severiche denunció haberse reunido con un intermediario de Carpintero y que éste le ofreció una suma de dinero para generar dicho conflicto”. La reunión sucedió en Chiquichano al 1515 de Trelew, mediante cámaras de seguridad se puede ver a Severiche ingresando al lugar en el horario que fue citado, aseguró la fiscal.
Cabe aclarar que la fiscal aseguró que Severiche no presentó audios, sólo mensajes previos y posteriores al encuentro. “Esta es una situación nueva, no hay una persecución hacia Carpintero por lo que hizo. La situación actual de él es de imputado”.
La jueza Mirta Moreno autorizó el secuestro de dos teléfonos celulares y de la red IP del lugar. Gamarra, además, aclaró que si bien el operativo se realizó en una propiedad del empresario Raúl “Tato” Cereseto, el mismo no tiene ninguna vinculación con la causa.
FUENTE: MPF y JORNADA
