La intervención de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson interpuso ayer una denuncia penal dirigida a revisar la responsabilidad de la anterior conducción de la entidad removida por el accionar de la justicia federal, señalando su responsabilidad en la decisión de no pagar un acuerdo de pago vigente con la entidad sindical Fentos (Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias) , una deuda de 192 millones de pesos que data del año 2023 que derivaría a cifras multimillonarias por las decisiones adoptadas por los dirigentes señalados.
La denuncia presentada por la intervención ante el Ministerio Público Fiscal pone foco en los ex dkirigentes siguientes: Heladio Gómez, Patricia Gallegos, Cynthia Lorena Sanz, Josefa Ávila, Fabián Moyano y César Javier Monsalve que ocuparon los diferentes cargos del Consejo de Administración.
Síndicos investigados
La denuncia realizada involucra tambien a los integrantes de la comisión fiscalizadora, los denominados Síndicos.
La denuncia solicita que, “se deberá investigar si la Sindicatura, compuesta por las personas que se detallan a continuación que debían controlar y fiscalizar el cumplimiento del estatuto ejercieron debidamente su función o si por el contrario fueron parte de la posible comisión del hecho”
Particularmente se pide que se evalúe, si la omisión en el cumplimiento de sus deberes de fiscalización, pudo constituir una participación por omisión impropia en los términos de los artículos 45 y 54 del Código Penal, dado que estaban en posición de garante legal y estatutaria para prevenir actos lesivos al patrimonio de la Cooperativa”
Y se detalla a los siguientes asociados: Alfredo CABALLERO; Mario ORELLANO y – Marcela ANCALEO
Cuotas vencidas
En noviembre y diciembre de 2023 se dejaron vencer las cuotas sin abonarse, lo que provocó que (según se establecía en el acuerdo) se tornó exigible toda la deuda más intereses punitorios muy altos.
La intervención abrió un sumario para deslindar responsabilidades, del cual surgió que los empleados de la entidad dieron aviso al Consejo de Administración de los vencimientos y este, a pesar de que contaba con dinero, decidió no abonar.
Asimismo, del análisis contable efectuado por el equipo de la intervención surge que, en el período donde la Cooperativa no abonó las cuotas, suscribió un fondo de inversion por 90 millones de pesos.
La demanda impulsada invoca la figura de administración fraudulenta.
Ayer en dialogo con FM Bahía Engaño el abogado Mario Bensimón, asesor legal de la intervención, brindo detalles de cómo fue la investigaciòn que concluyó con la denuncia impulsada este martes 1º de Julio ante el MPF.