Al escucharse los alegatos en el juicio oral y público por los desmanes producidos en edificios públicos de Rawson en diciembre del año 2021 en oportunidad de manifestaciones en contra de la minería, la fiscal general Florencia Gómez manifestó que tras escucharse a los testigos y analizar la prueba documental, “quedó acreditada la materialidad de los hechos y la autoría de los mismos”.

Destacó también que “la defensa no pudo contrarrestar las pruebas que aportó el Ministerio Público Fiscal y que “no hay duda cómo se produjeron los hechos, los autores y los desmanes que ocasionaron”. Afirmó también que todos “fueron documentados in fragantti delito”.

Destacó el trabajo de los peritos e investigadores policiales, la base de sus testigos en el Juicio. Dijo que “todos los delitos traídos a este debate fueron documentados por fotografías y cámaras de seguridad, obtenidas de manera legal”. A la vez, destacó que “los daños quedaron acreditados por los relevamientos realizados a posteriori de los hechos, con edificios que no estaban preparados para soportar semejantes niveles de temperatura, datos que constan en los informes realizados y luego ratificados en el debate”.

“Se trata de daños agravados por haberse producido en edificios públicos como lo son la Casa de Gobierno, la Legislatura provincial, el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General, la Fiscalía de Rawson y un móvil policial que resultó absolutamente destruido”, expresó.

También destacó que los imputados “aprovecharon la situación de conmoción y de los incendios para saquear y apoderarse de elementos, muebles y bienes públicos”. También señaló “la intencionalidad al momento de producirse las llamas, en lugares no aptos para semejantes niveles de temperatura”.

Concluyó en que también “quedaron acreditados los daños producidos por los relevamientos de los peritos, con riesgo de derrumbe en muchos de los lugares afectados”.

Defensores

Al momento del alegato de la defensa, el defensor Miguel Moyano cuestionó la posición del Ministerio Público Fiscal revalorizando el rol de la Defensa en que “no le corresponde probar la inocencia de los imputados”, rol que le corresponde al acusador representante del Ministerio Público Fiscal.

Expresó que la única prueba en contra de su asistido “es una campera”, una prueba que es “dubitada”

Moyano defiende al imputado más comprometido penalmente sospechado del delito de hurto agravado, además de incendio intencional contra edificios públicos. Se trata de Mauricio Vargas que para su defensor “no estuvo en el lugar de los hechos”.

El resto de los imputados son asistidos por el defensor oficial Pablo Sánchez.

Área Comunicación Institucional del M.P.F. del Chubut – Oficina Rawson.