Luego de más de dos años y medio de abierta la investigación, se inició este martes el juicio oral y público en contra de siete imputados en la causa “Ñoquis Calientes” que tiene principal imputada a la ex ministra de Familia, Desarrollo Social y ex Diputada Provincial Cecilia Torres Otarola por el delito de fraude a la administración pública en carácter de autora, además del presunto delito de concusión.

Los otros imputados son Silvana Cañumil, Miguel Reto Trelles, Jackelina Rodera, Marta Rodera, Branco Neira Rodera y Facundo Solario Rodera, contra quienes pesan los delitos del delito de fraude a la administración pública en carácter de partícipes necesarios.

Torres Otarola, Cañumil y Reto Trelles son asistidos por el abogado particular Romano Cominetti, mientras que los otros cuatro imputados son defendidos por la abogada particular Florencia Barba. La acusación, todo el proceso de investigación y representación del Ministerio Público Fiscal, está a cargo del fiscal general Omar Rodriguez, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Administración Pública.

El tribunal que dará un veredicto está integrado por los jueces Carlos Richieri, Luis Ennis, y Marcela Pérez Bogado.

En la apertura del juicio, el fiscal general Rodríguez afirmó en su alegato de inicio del debate que “quedará probado que la ex funcionaria abusó de su poder para beneficiar a sus allegados”. Afirmó que,  en los casos de corrupción, la principal característica “es precisamente el abuso del poder para beneficio particular  o privado por encima del interés público”.

Se trata de un caso por presuntos actos de corrupción y mal uso de recursos públicos. Se sospecha que la ex diputada provincial, habría obligado el retorno de parte de los sueldos de los empleados que ella misma habría ayudado a ingresa -ahora coimputados- en carácter de asesores en la Legislatura provincial. Lo mismo habría realizado en su gestión como Ministra de la Familia, con la designación altos rangos a personas cercanas a ella que no vivían en la zona ni realizaban contraprestación para el Estado. Por ese motivo, la causa judicial se mediatizó bajo la denominación de “ñoquis calientes”. Para todo ello, el rol de Cañumil habría resultado importante, ya que triangulaba con su cuenta bancaria la recepción de los haberes de los “asesores” para derivarlos a cuentas de Torres Otarola. La mayoría de los imputados tienen relación de parentesco y residen en la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos -según la investigación fiscal- ni siquiera firmó su contrato como asesor y mucho menos realizó prestación alguna. Para la firma del mismo se habría falsificado su firma.

Todas estas sospechas quedarán o no confirmadas, según se vayan escuchando las pruebas testimoniales y documentales que se expondrán en el Juicio.

Por su parte el defensor Cominetti afirmó que como corolario del juicio quedará demostrada la inocencia de sus asistidos y que “todos cobraron sin defraudar al Estado”, que se hace necesario “limpiar su buen nombre y honor” y que el denunciante del caso, el contador Juan Martín Sandoval “realizó una falsa denuncia”.

Antes de los testimonios, se dirigió a las partes y el Tribunal, Torres Otarola que dio cuenta de su trayectoria personal y política, en medio de detalles de su vida familiar, íntima y privada, su devenir como comerciante y luego en la función pública. Destacó su inocencia y la de sus coimputados.

Primeros testigos

El primero de los testigos fue el denunciante de la causa, el contador Juan Martín Sandoval, con quien Torres Otarola tuvo una relación profesional y sentimental. Dijo que hizo la denuncia como consecuencia de “aprietes” que sufrió por parte de Torres Otarola por declaraciones que realizó en medios periodísticos luego de su alejamiento del Ministerio de Desarrollo Social. “Por mis dichos en medios periodísticos, la Fiscalía comenzó a investigar”. Agregó que “mis dichos se referían a que se pedía parte de mi sueldo cuando era asesor en la Legislatura”.

Entre otros datos, manifestó que “había personal de planta del Ministerio de Desarrollo Social que se quejaba porque debían realizar tareas de Mara Rodera y Jackelina Rodera, con cargos importantes y que no asistían al Ministerio”.

Miércoles continúa el juicio a partir de las, 0830 hs en la Oficina Judicial de Rawson.

Área Comunicación Institucional del M P F del Chubut- Oficina Rawson