El secretario general del gremio, Alexis Gutiérrez, junto a los delegados Claudio Villarroel, Bruno Vega, Juan Inalef y Juan Zambrano, están imputados por extorsionar y exigir dinero a empresarios entre agosto y septiembre del año pasado a cambio de no interrumpir la actividad portuaria con medidas de fuerza que llevaban adelante a través de la organización sindical.
NUEVOS HECHOS
Además de los hechos que ya se imputan, el viernes pasado se desarrollaron allanamientos en los domicilios de Gutiérrez, quien se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria, y Cristian “Tuca” Pérez, un sexto integrante de la agrupación que podría sumarse a la causa también como imputado, acusado de participar de los hechos delictivos.
En el marco de las diligencias se secuestraron teléfonos celulares en ambos domicilios. En el caso de Gutiérrez se trata del aparato que habría utilizado durante las distintas maniobras que se denunciaron y también un nuevo equipo que utilizaba desde que se encuentra detenido.
Respecto a esto, la defensa de los imputados solicitó que no se periten los teléfonos celulares alegando el derecho a la privacidad, por lo que el equipo de la fiscalía que encabeza la fiscal Florencia Gómez entiende que habría importante cantidad de información que podría resultar de gran valor para la causa.
Además, según informó la Fiscalía, Pérez tendría ingresos en sus cuentas personales por más de 8 millones de pesos, que serían provenientes del cobro de coimas a los mismos denunciantes, situación que agravaría la investigación en contra de los imputados.
OTRA DENUNCIA
Se trata de la presentación en sede judicial que realizaron integrantes de la firma Aravales, empresa de estibajes que opera en Puerto Rawson.
Los representantes de la firma se presentaron en la fiscalía voluntariamente e hicieron la denuncia penal ratificando los hechos delictivos que se le imputan a los integrantes del gremio. Además, durante el día lunes se presentaron nuevamente en la Fiscalía para brindar documentos, comprobantes de transferencias y adjuntarlos a la denuncia presentada.
HIPÓTESIS FISCAL
Si bien con el pasar de los meses desde el SUPA han manifestado que todos los hechos que derivaron en la denuncia penal responden a un conflicto paritario, alegando que se quiere “amedrentar a los trabajadores” a través de la acción penal, para la fiscal Gómez, la nueva denuncia que sumó la empresa Aravales, que no tiene conflicto paritario de ninguna índole y que de hecho, se comprobó que firmó todos los acuerdos con el SUPA, serviría, junto a las pruebas que aportaron los demás denunciantes, para ratificar en todos sus términos las cinco denuncias que ya pesan sobre los integrantes del gremio.
La fiscalía sostiene que desde el gremio buscan instalar un “falso conflicto paritario” para liderar un enfrentamiento que busque detener la acción penal. La denuncia de Aravales, vendría a confirmar que no hay ningún conflicto paritario en juego y que, junto a las pruebas que aportaron los demás denunciantes comprobaría la acusación, por lo que se espera una acción ejemplificadora de la Justicia chubutense para entender que no hay espacios para extorsiones y pedidos de coimas por parte de los representantes sindicales.
Fuente: METADATA.COM.AR
