La jueza de garantías Karina Breckle resolverá en los próximos tres días, conforme la ley, si eleva o no a juicio oral y público el caso de la presunta muerte de numerosos pingüinos en el que se encuentra imputado un productor rural de la zona de Punta Tombo – Punta Lara que, al realizar un camino paralelo a la costa, sin autorización previa, habría afectado nidos en etapa de reproducción. Al camino se le sumó un tendido de una línea con electricidad que afecto el movimiento de los Pingüinos de Magallanes. El imputado es Ricardo La Regina.
El defensor del imputado Federico Ruffa pidió el sobreseimiento de su cliente, al cuestionar varios aspectos de la investigación. En la audiencia preliminar realizada a lo largo de toda la mañana de este viernes, la fiscal general Florencia Gómez y los querellantes dieron cuenta de la pieza acusatoria.
La fiscal general Gómez consideró conveniente nombrar, uno por uno, a una veintena de personas que participaron o asesoraron a la Fiscalía de Rawson en la investigación. Algunos de ellos además son querellantes. Se trata de varias organizaciones no gubernamentales dedicadas al cuidado del medio ambiente, organismos provinciales vinculados con el cuidado de la fauna y el medio ambiente en general, en Centro Nacional Patagónico, las fundaciones National Geographic y Greenpeace, además de abogados ambientalistas y del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, entre otras entidades.
Posteriormente, ratificó en su totalidad su investigación y los términos de la acusación. Para la fiscal general Gómez, los hechos se produjeron entre el 10 de agosto y el 4 de diciembre del año 2021 y el imputado es Ricardo Adolfo La Regina que produjo “con pleno conocimiento de que se trataba de un acto de crueldad animal y daños irreversibles, sin tener autorización ni estudios previos del impacto ambiental. Lo hizo en carácter de administrador de un establecimiento rural con costa de mar cercano a la reserva de Punta Tombo – Punta Lara, pero incluido en un Área Natural Protegida y área de importancia natural para la preservación de las naves con reconocimiento, además de la UNESCO.
Camino y alambre electrificado
Indicó además que La Regina trazó un camino utilizando máquina pesada en una colonia de pingüinos cuando las aves estaban empollando en época de nidificación y reproducción de la especie. El camino fue ejecutado paralelo al mar con el objetivo de delimitar la sucesión de un campo.
Para la fiscal general Gómez, La Regina produjo actos de extrema crueldad y con pleno conocimiento de los daños y afectación de la especie. Se trata de una zona de alta densidad de reproducción de los pingüinos de Magallanes. La traza tenía el objetivo de construir un tajamar. A las tareas de la máquina pesada se le sumó un boyero y alambrado electrificado con una batería alimentada a energía solar, colocado a una altura que impide el paso de los pingüinos y afectando el movimiento natural de las aves y las posibilidades de alimentación a los pichones.
Profunda investigación
La profundidad y minuciosidad de la investigación fue detallada en la lectura de la acusación, plagada de detalles científicos, relevamientos y pericias en el terreno, utilización de imágenes satelitales, entre otras actividades coordinadas por la fiscal general Gómez desde que se puso al frente de la investigación.
La denuncia fue realizada por Sergio Casín de Áreas Protegidas de la Provincia del Chubut. Luego se sumaron otros organismos oficiales y fundaciones dedicadas a la protección del medio ambiente. Varios de ellos prevén constituirse en querellantes. Para Gómez, estos hechos quedarán debidamente probados con toda la investigación previa realizada y los especialistas que trabajaron para probar los hechos. La propia funcionaria provincial estuvo presente en el lugar que fue allanado, peritado e inspeccionado por especialistas. Todo está descripto en la acusación de la cual dio cuenta la fiscal en respectivos informes.
La Fiscalía solicitó una pena de 4 años para el único imputado por la muerte de Pinguinos de Magallanes en la reserva Punta Tombo Punta Lara. pic.twitter.com/mcPqNPkNSJ
— Ministerio Público Fiscal del Chubut (@MpfRawson) April 12, 2024
Perjuicio económico
Todo ello conforma el marco probatorio a tener en cuenta en el juicio oral y público y que en la audiencia demandó casi dos horas y media de una rápida lectura. Para la fiscal general Gómez, el perjuicio económico es el de algo más de 518.000 dólares.
La imputación es la de daños agravados en concurso reala en tres hechos, malos tratos y acto de crueldad a los animales. La pena posible a criterio de la Fiscalía es la de cuatro años de prisión y la actuación, en el juicio oral y público, de un tribunal unipersonal.
En cuanto a las pruebas e informes reunidos en el marco probatorio, constituyen un centenar de hojas, además de la posibilidad de que se deba contar en la audiencia con unos 90 testigos.
El objetivo procesal es el de que el imputado La Regina conozca en detalle los hechos de los que se lo acusa, con el objetivo de poder ejercer el derecho de delinear su estrategia para una legítima defensa.
Luego de un cuarto intermedio, vino el turno de los representantes de las fundaciones, organismos provinciales y nacionales que serán querellantes en la causa. Coincidieron con la investigación realizada y las pruebas recolectadas por la fiscal general Gómez, no obstante haber abundado detalles de perjuicio causado. Algunos de ellos además dieron cuenta de jurisprudencia sobre casos y delitos investigados similares.
Los planteos de la defensa de La Regina
En primer lugar, el abogado defensor Federico Ruffa cuestionó la acusación. Concluyó que deber ser corregida, destacando que debió leerla “varias veces”. Concluyó que a la acusación “aún no la entiendo, porque está plagada de reiteraciones y de circunstancias que no están vinculadas con los tres hechos que se han investigado. La acusación es un ´corte y pega´ de informes que se superponen entre sí. Esto complica el entendimiento de la acusación y saber de qué se nos acusa. Nos confunde para saber de qué se nos acusa, para así poder delinear el derecho a la defensa. Nuestro derecho queda entonces afectado”.
Dijo que el Código Procesal obliga a ser “sintéticos, claros y precisos”. Calificó que la acusación es un “pantano de información” donde “hay datos sobreabundantes como por ejemplo el tema del parentesco de la familia La Regina” o que “no están las circunstancias básicas para poder definir el delito que se habría cometido o la calificación jurídica”. También se refirió a la gran repercusión mediática del caso y la afectación a su cliente, al incorporarse conceptos como por ejemplo “matanza de pingüinos”, sin que el caso aún haya sido probado.
También Ruffa argumentó que no está claramente determinado el tipo penal afectado como el daño y el acto de crueldad en contra de los animales. Pidió el sobreseimiento de su cliente.
Gómez: “la acusación es clara”
La fiscal Gómez dijo que “la acusación es clara y precisa, con hechos determinados en fecha, modo y lugar. Por lo tanto, la calificación también es precisa como para se ejerza el debido derecho a la defensa”. Algunos querellantes dijeron que Ruffa “pretende generar confusión”, que “no hay contradicciones en los hechos descriptos por la Fiscalía” y que “lo extenso de la acusación, no implica falta de claridad”.
Área Comunicación Institucional del MPF del Chubut – Oficina Rawson.
