La procuradora de fiscalía Janet Davies impugnó ante el Superior Tribunal de Justicia una resolución de la jueza Karina Breckle en donde aplica la figura de suspensión de juicio a prueba y la reparación mediante sumas de dinero a los familiares de dos hombres que murieron en un accidente de tránsito. El dinero fue ofrecido por el conductor del vehículo que colisionó contra la motocicleta en la que se conducían las dos víctimas, en la ruta provincial 25 en noviembre del año 2023.

La representante de la Fiscalía de Rawson se opuso con la anuencia de los familiares de las víctimas y de allí la impugnación presentada el lunes pasado para que el Superior Tribunal de Justicia se expida respecto de la decisión de la jueza Breckle. Semanas atrás en la audiencia donde se trató el caso, ante el desacuerdo de los familiares, la procuradora de fiscalía Davies se opuso al ofrecimiento económico que realizó la defensa del imputado, a cargo de la abogada Gladys Olavarria.

El accidente
Elian Alberto Saucedo conducía un vehículo Fiat Uno desde Rawson hacia Trelew. En sentido contrario y en una moto marca Corvent lo hacían las dos víctimas. Llevaban casco protector. En ambos sentidos se conducían varios vehículos en caravana a unos 60 kilómetros por hora. Según automovilistas testigos, el Fiat Uno se cruzó imprevistamente de carril y dio de frente contra la moto.

El conductor Alexis Rojas, perdió la vida en el acto por múltiples lesiones de cráneo y el corte casi total del cuello, además de otros traumatismos en todo el cuerpo. Su acompañante, Cristian Ramos, fue trasladado muy grave hacia el Hospital de Trelew y allí murió tres horas después.
Negativa de los familiares

El imputado Saucedo, a través de su defensora Olavarria ofreció el pago de 200.000 pesos mensuales durante tres años a cada una de las dos familias de las víctimas. Además, estuvo de acuerdo en que se lo inhabilite para conducir durante tres años y el cumplimiento de pautas de conducta.

Davies se opuso y planteó la necesidad de que el caso vaya a juicio oral y público, con una expectativa de pena de cinco años de prisión efectiva para Saucedo. Afirmó que “la gravedad de un hecho de esta naturaleza implica un interés social en su resolución”, que el accidente “causó un daño inconmensurable por la pérdida de las vidas de dos personas de mediana edad, con sus respectivas familias. Por eso hay que saber lo que ocurrió y que la sentencia sea un dictamen ejemplificador hacia la sociedad”.

Presentes en aquella audiencia, familiares de las dos víctimas expresaron su oposición a la reparación económica. Indicaron que lo ocurrido fue por “imprudencia” del conductor del vehículo, y que la pérdida de esas dos vidas humanas “nos cambió las vidas”.

La defensa
Para la defensora Olavarría la figura de la “suspensión de juicio a prueba” ya se ha aplicado en otros casos similares, al respecto citó jurisprudencia y casos en los que sí es posible de aplicar esa figura, en oposición a casos en los que no es posible.

En la audiencia realizada días atrás, la jueza Breckle anticipó que se tomaría el plazo legal para resolver. Sin embargo, destacó la aplicación de la “suspensión de juicio a prueba”, indicando que “todas son leyes, no solo las que determinan las penas. Se trata de leyes que hicieron nuestros legisladores para que nosotros las apliquemos y el mismo Código autorizó este tipo de mecanismo”.

Luego en su resolución avaló la aplicación de esa figura legal y el acuerdo económico ofrecido por el imputado a través de su abogada defensora.

Los argumentos de Davies

En su impugnación la procuradora de fiscalía Davies centró su argumentación en la gravedad del caso y la falta de conformidad de las víctimas. En este sentido destacó el rol del Ministerio Público Fiscal como “representante y titular de la acción penal y los intereses generales de la sociedad, en su carácter además de tutelar a las víctimas, puntualmente en este caso, a los familiares de los dos hombres fallecidos”.

Asimismo, destacó la posibilidad de realizar el juicio oral y público “para que las víctimas sepan en realidad lo que sucedió, con las pruebas, testimonios y pericias, independientemente de la pena que se pretende desde esta Fiscalía”.

El valor “vida”
Agregó que la figura de “suspensión de juicio a prueba” que resolvió la jueza Breckle, “es aplicable para casos de menor entidad. No para casos en donde el bien jurídico en juego es el valor ´vida´, el de mayor protección que otorga la Ley”.

En su presentación, la fiscal detalló que la concesión de esta suspensión equivale a una sentencia definitiva, lo que obstaculiza el ejercicio de la acción penal. Recordó que el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas podría llevar al sobreseimiento del acusado, afectando así los derechos de las víctimas del delito.

Davies fundamentó su impugnación en la gravedad del caso, que provocó la pérdida de dos vidas humanas debido a la imprudencia en la conducción de un vehículo. Asimismo, hizo hincapié en la disconformidad de las viudas de las víctimas, quienes han manifestado su disconformidad con la decisión judicial.

Impacto en la sociedad
Dijo que este caso destaca la necesidad de garantizar una respuesta punitiva adecuada a las circunstancias del hecho y el impacto que estos delitos generan en la sociedad. La Fiscalía solicita al Superior Tribunal de Justicia de Chubut que se revoque la resolución que otorga la suspensión del juicio y se reenvíe el caso para la realización del juicio oral y público correspondiente. Consideró que “la espera de justicia continúa, mientras las familias de las víctimas aguardan que sus derechos sean debidamente considerados en este proceso judicial”.

Ahora resolverá el Superior Tribunal de Justicia ante la impugnación a la decisión de la jueza Breckle y los argumentos de la procuradora de fiscalía Janet Davies.
-Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson