El máximo tribunal dejó sin efecto una nulidad que podía beneficiar al acusado y advirtió que no se pueden usar tecnicismos para desarmar causas graves sin perjuicio real.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 14 años de prisión contra Samuel Josué Figueroa, un pastor evangélico declarado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado. El fallo anuló una decisión previa que podía dejar el caso sin efecto y marcó un criterio clave sobre el uso de argumentos formales en delitos graves.
Los abusos ocurrieron entre los años 2000 y 2007 en la localidad de El Maitén. La víctima principal tenía apenas 8 años, y también fue atacada su prima, que en ese momento tenía entre 13 y 14 años. El acusado convivía con la familia y ejercía un rol de autoridad religiosa, lo que facilitó un contexto de manipulación, miedo y silencio que demoró la denuncia hasta 2017.
El juicio se realizó en marzo de 2020 en Esquel, al inicio de la pandemia. Allí fue declarado culpable, aunque la pena de 14 años se dictó meses después, en agosto, debido a las restricciones sanitarias vigentes en ese momento.
El fallo anuló una decisión previa que podía dejar el caso sin efecto y marcó un criterio clave sobre el uso de argumentos formales en delitos graves
La defensa del imputado planteó la nulidad del proceso al considerar que había pasado demasiado tiempo entre el veredicto y la fijación de la pena. En 2021, un tribunal de Chubut aceptó ese argumento y anuló el juicio, lo que abría la posibilidad de repetir todo el proceso y exponía a las víctimas a revivir los hechos, además de acercar la causa a un escenario de impunidad.
Sin embargo, la Corte Suprema revirtió esa decisión. Sostuvo que la demora estuvo justificada por la pandemia y que no se comprobó un perjuicio concreto al derecho de defensa del acusado. Por el contrario, advirtió que anular el juicio sí implicaba un daño significativo para las víctimas.
Los abusos ocurrieron entre los años 2000 y 2007 en la localidad de El Maitén. La víctima principal tenía apenas 8 años, y también fue atacada su prima, que en ese momento tenía entre 13 y 14 años
El fallo cierra un proceso judicial que se extendió durante años y deja un mensaje claro: en delitos graves, los argumentos formales no pueden prevalecer si no existe un daño real. La decisión refuerza el derecho de las víctimas a obtener justicia y evita que el caso quede impune.
FUENTE: ADN Sur
