A partir de un pedido formulado por la Fiscalía de Rawson, a cargo del Fiscal General Leonardo Cheuquemán Levill y la Dra. Daiana Sandoval, se tramitó un juicio rápido en relación a un hecho de daño ocurrido en un supermercado de la ciudad.

El hecho tuvo lugar en los primeros minutos de la madrugada del 23 de marzo, cuando Santiago Perea, junto a otro sujeto no identificado, dañó el vidrio de un comercio ubicado en la intersección de las calles Laporte y Congreso Nacional. La situación fue advertida en tiempo real por el Centro de Monitoreo, lo que permitió la inmediata intervención policial, persecución y aprehensión del autor en flagrancia.

En la audiencia correspondiente, la Fiscalía solicitó la aplicación del trámite de juicio rápido, lo que fue resistido por la defensa. No obstante, en función de los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal —particularmente la claridad del hecho, la inmediatez de la detención y la suficiencia probatoria reunida—, la jueza penal Dra. Karina Breckle hizo lugar al planteo fiscal y dispuso la habilitación del procedimiento, fijando un plazo de cinco días para que la defensa ofreciera prueba para el juicio o, en su caso, solicitara una salida alternativa.

Dentro de dicho plazo, la defensa propuso una solución alternativa consistente en la reparación integral del daño ocasionado. En tal sentido, el imputado ofreció abonar la suma de $1.538.000, propuesta que contó con la expresa anuencia del damnificado, quien manifestó su conformidad en tanto se trataba de su principal interés.

Verificado el cumplimiento de los requisitos legales, y con el acuerdo de las partes, la magistrada resolvió homologar la salida alternativa, estableciendo que el imputado será sobreseído una vez que cumpla con el pago de la suma acordada, lo que permitirá poner fin al proceso en un plazo inferior a una semana desde ocurrido el hecho.

La resolución del caso pone de manifiesto la eficacia del sistema acusatorio en la tramitación de hechos flagrantes, permitiendo dar una respuesta rápida, concreta y ajustada a derecho, priorizando la reparación del daño a la víctima y la economía procesal.

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