En el marco del inicio del debate, con la mayoría de los imputados en Sala, y con el pedido de rebeldía y compulsa de 3 ausentes, la Fiscal de Rawson insistió en que los imputados por los incendios, daños y desmanes antimineros producidos en diciembre del año 2021, sean sometidos a juicio oral y público. A la vez, la Fiscal, se opuso a que se les aplique la “suspensión de juicio a prueba”, tal como lo propuso el defensor Pablo Sánchez.

La fiscal general Jefe de Rawson Florencia Gómez se opuso  atento a la gravedad de los hechos imputados, la afectación de los bienes públicos, “el interés público prevalente” y el temor generado en la población, además de dos fallos recientes del Superior Tribunal de Justicia que dispusieron en casos similares (Schierloh que produjo incendios en la Legislatura en una protesta docente), sean sometidos a juicio oral y público. También argumentó que el Estado provincial afectado -representado por la Fiscalía de Estado- se opone a la “suspensión de juicio a prueba”. La jueza de garantías María Laura Martini resolverá el próximo día lunes 26 de agosto, conforme el plazo legal correspondiente, si el caso será resuelto en juicio o no.

Ofrecimiento de la defensa

La defensa de todos los imputados, fue ejercida por los abogados Miguel Moyano y Pablo Sánchez, este último, insistió en el pedido de suspensión de juicio a prueba, con varios ofrecimientos, en el caso de Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza (imputada de daño agravado, quien se hizo presente casi una hora después), reparación mediante la donación de seis bolsones de fideos para entidades de bien público en el plazo de ocho meses, dos años de prisión en suspenso y presentarse en la Oficina Judicial.

En el caso de Brian Osvaldo Díaz (imputado de daño agravado con un pedido de pena de tres años y ocho meses de prisión), produjo daños en el Superior Tribunal de Justicia y en la Fiscalía de Rawson. Ofreció una reparación 250.000 pesos en el plazo de un mes para reparar edificios públicos o para ser donados a una entidad de bien público.

Asimismo, con Gastón Velázquez imputado por daño y hurto agravados. Dañó a pedradas el frente del Superior Tribunal de Justicia y robó un matafuego del interior de la oficina de la Procuración General. La defensa pidió la suspensión de juicio a prueba por dos años. La fiscalía pidió cuatro años de prisión.  Ofreció una reparación de 200.000 pesos para la reparación de los edificios o donados a una entidad de bien público.

En la misma línea, el caso de Lucas Alexis Espinoza Andrade,  imputado por daño agravado. Arrojó y dañó los vidrios de un vehículo del Área de Finanzas de la Policía del Chubut, aledaño a la Comisaría de Rawson. El defensor pidió, la suspensión de juicio a prueba por seis años. Se trata de un estibador en el Puerto de Rawson y ofreció hacer 200 horas de trabajo comunitario.

Y por último, Nicolás Alejandro Díaz (imputado por hurto agravado, llegó a la audiencia una hora después). Durante los desmanes hurtó un bidón de 20 litros de un dispenser de agua. Hace changas de limpieza de patios y ofreció 100 horas de trabajo comunitario. Tiene antecedentes penales y una pena en carácter de condicional.

La investigación

La compleja y profunda investigación realizada por la fiscal jefe de Rawson, Florencia Gómez, fue impulsada junto a los Dres. Jeremias Regueira y Federico Esusy como equipo de trabajo, logró las respectivas imputaciones y reunión de pruebas como para que el caso se ventile en un juicio oral y pública.

Se trata de los incidentes que se produjeron en Rawson el 16 de diciembre del año 2021, en el marco de manifestaciones generalizadas en varias calles de Rawson, en oposición al tratamiento de una Ley en la Legislatura provincial, para la explotación de la minería en el Chubut.

Los incidentes se produjeron entre las 19.30 y las 21 horas de ese día. Para la Fiscal Florencia Gómez se trató de “grupos minúsculos mezclados entre quienes se manifestaban legítimamente” y que además “no encontraron resistencia”.

Destacó en la acusación que fueron atacadas, la Casa de Gobierno, la Comisaría de Rawson, la Sección Finanzas de la Policía Provincial, el Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Rawson, la Legislatura Provincial, el Juzgado Federal, las oficinas de SEROS, el edificio del Ministerio de Educación y otros organismos del estado, aunque también algunos comercios y propiedades privadas”.

Los defensores oficiales Pablo Sánchez y Miguel Moyano intentaron que se aplique la posibilidad de una “suspensión de juicio a prueba”.

Esta postura fue cuestionada firmemente por la Fiscal General Jefe Florencia Gómez por haberse afectados bienes públicos y la seguridad de la sociedad.

Y agrego, que a su criterio, estos hechos, deben ser indudablemente debatidos en juicio, ya que existe un interés público prevalente, y, por otra parte, se han dañado varios edificios públicos.

Caso contrario, frente a estos hechos punibles, aumenta sensiblemente el sentimiento de inseguridad de la comunidad y la atendible insatisfacción social con las soluciones alternativas.

La merituación del interés público para que en un caso como este se realice el debate, corresponde al Fiscal y no al juez del caso, lo contrario sería modificar el Código Penal.

Finalmente, Gómez, citó jurisprudencia reciente del Superior Tribunal de Justicia, en el caso de una protesta de docentes fue condenando a Matías Shierloh y en otro caso caratulado Aguilera, Gustavo Jose M de Infraestructura, Energía y Planificación  s/ Denuncia Daños, fue resuelto en juicio.