El juez federal Hugo Sastre resolvió extender el mandato del interventor Juan Manuel Ibáñez hasta el 9 de febrero de 2027. La medida busca consolidar el saneamiento económico, negociar deudas con Cammesa a través de la Ley de Zonas Frías y avanzar en el nuevo contrato de concesión.
El Juzgado Federal de Rawson dispuso la prórroga de la intervención judicial de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda hasta el próximo 9 de febrero de 2027.
La resolución, suscripta por el juez Hugo Ricardo Sastre, ratifica en sus funciones al interventor Juan Manuel Ibáñez y a su equipo de colaboradores, extendiendo el proceso que comenzó a principios de 2025 tras una presentación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
La determinación judicial se apoyó en el análisis del octavo informe de gestión presentado recientemente por la intervención, el cual da cuenta de una marcada recuperación administrativa y operativa de la entidad capitalina.
Según valoró el magistrado, los resultados obtenidos hasta la fecha continúan siendo favorables tanto para la institución como para los usuarios, destacándose la regularización de pasivos significativos, la cancelación de deudas vencidas, la reanudación del diálogo con proveedores estratégicos y el ordenamiento financiero frente a la mayorista eléctrica Cammesa.
Pese a los indicadores positivos, la Justicia evaluó indispensable otorgar un plazo adicional de cuatro meses para encarar asuntos importantes que todavía demandan resolución.
El punto de mayor gravitación radica en la reciente sanción de la Ley de Zonas Frías por parte del Congreso de la Nación, una herramienta legal que abre un escenario propicio para compensar acreencias y pasivos con Cammesa. Para el juez, completar estas tratativas resulta crucial para lograr que, al finalizar el proceso tutelar, la prestadora sea restituida a sus asociados en un marco de equilibrio económico y financiero sustentable.
A la par de las negociaciones energéticas, la agenda inmediata de la intervención contempla la definición del nuevo contrato de concesión de los servicios municipales, el diseño de un esquema tarifario sostenible y la culminación de diversos programas de modernización.
En este período también deberán presentarse los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado en mayo de 2026, el cual arrojó un resultado superavitario para la Cooperativa.
En materia de prestaciones básicas, la resolución judicial ponderó las mejoras alcanzadas en las áreas de energía, saneamiento y sepelios. Entre los logros señalados figuran las obras en la Planta Potabilizadora, la puesta en servicio de la subestación eléctrica del Hospital Santa Teresita, el avance del recambio de alumbrado público por luminarias LED y la compra de equipamiento operativo, como bombas y un camión desobstructor.
Durante este nuevo tramo, la conducción designada deberá mantener la presentación de reportes bimestrales ante el juzgado y preparar un informe final antes de concluir formalmente su mandato.
Fuente: Diario El Chubut
