A mediados del presente mes de Enero, los senadores nacionales Ignacio Torres y Edith Terenzi, de Juntos por Chubut, presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza penal Mariel Suárez solicitando su destitución a partir de las visitas realizadas por la magistrada al condenado Cristian ‘Mai’ Bustos en su lugar de detención manteniendo con el mismo un encuentro personal de caracter sentimental. La denuncia de los legisladores es acompañada por familiares del policía Tito Roberts, que resultara víctima de uno de los homicidios protagonizados por Bustos. Los denunciantes toman como punto de partida el informe del jefe de turno de la penitenciaría provincial que detalló que la jueza compartió “mates, abrazos y besos (en la boca)” con el condenado.

Los familiares del policía asesinado que acompañan el reclamo ante el Consejo de la Magistratura son Mercedes Jara, Telma Roberts, Fabiana Roberts, Claudia Roberts y Leopoldo Roberts.

La senadora Edith Terenzi dialogó con FM Bahía Engaño y sintetizo en un audio los principales aspectos que llevan a la presentación acá mencionada

FALTA GRAVE

Entre los fundamentos para promover la destitución de la jueza, la presentación señala que Suárez aún integraba un tribunal que debe resolver cuestiones legales vinculadas a la sentencia de Bustos, como puede ser la impugnación por parte de la defensa.

Por ello se alude a una vulneración del artículo 80 del Código Procesal Penal, que califica como falta grave la omisión de apartarse del conocimiento de una causa cuando existen motivos legales para ello.

“Como la jueza Suárez desliza en sus manifestaciones públicas que su vínculo fue con posterioridad al dictado de la sentencia (…) nos adelantamos a decir que el dictado de la sentencia no fue una vuelta de página como lo pretende Suárez ni mucho menos implicó el cese de su desempeño en la causa, toda vez que la sentencia (en la que ella votó en disidencia y se pronunció en contra de la prisión perpetua que dispuso el tribunal por mayoría) había sido leída el mismo día que ella se desplazó 400 kilómetros desde Comodoro Rivadavia a Trelew para intimar con Bustos”.

La denuncia también cuestiona el desempeño de la jueza Suárez al momento de evitar su voto en la sentencia y la cuestiona por la empatía con el imputado, a quien llama en algunos pasajes “Cristian”, sin el apellido del acusado, lo que connota familiaridad, pero además la cuestiona porque sus razonamientos parecen defender al imputado.

SIN IMPARCIALIDAD

“En sus expresiones se advierte una animosidad impropia de quien tiene que mantenerse imparcial. Está claro que Suárez estaba afectivamente comprometida con Bustos –sostienen los acusadores-. En todo caso puede resultar discutible que el hecho de ser prófugo incida en el monto de la pena, pero en ningún caso que como lo propone Suárez deba ser tomada como una suerte de pena anticipada que habilite a reducir el reproche penal”.

Más allá de la cuestión técnica, la denuncia afirma que el voto de la jueza “está escrito desde la empatía con Bustos y la enemistad con las fuerzas de seguridad, a las que incluso (…) ‘verduguea’ y ‘carga’ aludiendo a que las fuerzas de seguridad de Chile lograron lo que no pudieron las de Chubut”, en referencia a l detención de Bustos luego de permanecer 10 años prófugo.

Para los denunciantes, la jueza hizo una argumentación “desde su parcialidad para terminar propiciando la imposición de la pena mínima para el tipo penal de homicidio simple: sólo 8 años de prisión”.

Tras analizar varios pasajes del fallo de Suárez en la sentencia, los denunciantes insisten con la falta de imparcialidad de la jueza:

“No parece compatible la imparcialidad y serenidad de juicio –añade uno de los párrafos más fuertes de la denuncia- tener que decidir la condena o absolución de aquella persona con la que se comparten horas de besos, abrazos, mates, confidencias y un proyecto ‘literario’ común”.

Los senadores chubutenses, acompañados por la familia del policía asesinado Tito Roberts, también acusan a la jueza de “chapear” con su cargo al momento de visitar a Bustos, en otra vulneración a la ley de Etica Pública, ya que hizo alusión a su cargo “para concretar un encuentro íntimo con un detenido sin cumplir con las reglas de horarios y motivos de visitas y pasando por alto que es la magistrada que con apego al deber de imparcialidad intervenía en el juicio en el que esa misma persona afrontaba la imputación del delito de homicidio agravado”.

FUENTES: propias y ADN Sur