La caída de la pasarela que causó la muerte de ocho alumnos y una docente en 2002 tendrá, finalmente, reparación económica para las familias y sobrevivientes que siguen enfrentando las secuelas emocionales.
El 19 de septiembre de 2002 marcó para siempre la memoria de muchas familias argentinas. Ese día, un trágico accidente en la pasarela del Dique Florentino Ameghino, en la provincia de Chubut, terminó con la vida de ocho alumnos y una docente de la Escuela EGB N°39 “Fragata Libertad” de Merlo, provincia de Buenos Aires, durante un viaje de estudios.
Más de dos décadas después, la justicia civil dictó sentencias definitivas que obligan a las provincias de Buenos Aires y Chubut a indemnizar con cerca de 4.000 millones de pesos a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes, reconociendo la responsabilidad estatal en la tragedia, según el fallo al que accedió Jornada.
El trágico accidente del Dique Florentino Ameghino
Allí, un grupo de aproximadamente 53 personas subió a la pasarela colgante para tomarse fotos. Sin embargo, la estructura, que tenía una capacidad máxima para ocho personas, no resistió el peso y colapsó, precipitando a todos al río Chubut.
La pasarela, construida hace más de 45 años con madera y cuerdas, presentaba un cartel que indicaba la capacidad máxima de tres personas, pero este había sido retirado para ser pintado y no fue repuesto a tiempo. Además, el cartel visible estaba en el extremo opuesto por donde ingresó el grupo, por lo que no fue advertido. La falta de señalización y la sobrecarga fueron factores determinantes en el desplome.
El agua del río, fría por la época invernal y tras las lluvias, agravó la situación. Muchos de los niños murieron por hipotermia, golpes y ahogamiento, mientras que otros sobrevivieron con heridas físicas y secuelas psicológicas profundas.
El dolor de las familias y el impacto psicológico
La pérdida de los niños y la docente fue un golpe devastador para sus familias y la comunidad educativa bonaerense. Los relatos de los familiares reflejan un dolor que no se atenúa con el tiempo. La madre de Walter Damián Caballero, uno de los niños fallecidos, recordó cómo se enteró mirando la televisión y cómo tuvo que viajar a Chubut para reconocer el cuerpo de su hijo, uno de los primeros en ser recuperados. La pericia psicológica señala que ella sufre pesadillas y un duelo que la acompaña día a día.
“Lo recuerda con nostalgia y siente orgullo al decir que era querido por todos”, señala la pericia psicológica.
La madre de Valeria Yamila Moreno, la última en aparecer, también sufrió un shock emocional profundo.Fue tranquilizada con medicación en la escuela y mantiene intacta la habitación y los objetos de su hija como un homenaje permanente. “No te preocupes, nos cuida la seño”, recordó las últimas palabras.
La jueza civil que dictó las sentencias reconoció que ninguna indemnización puede compensar la pérdida de un hijo y destacó la importancia de devolver a las familias las fotos y boletines escolares de los niños, para que puedan preservar su memoria y vínculo emocional.
Los sobrevivientes, hoy adultos, también contaron su experiencia en el libro “Chicos héroes del sur”, buscando dejar testimonio de lo ocurrido y enfrentar el impacto psicológico que aún arrastran. Muchos continúan en tratamiento psicológico y enfrentan dificultades para volver a ambientes naturales similares.
Responsabilidad estatal y las sentencias judiciales
La jueza civil Amorina Úrsula Testino, tras un largo proceso judicial iniciado en 2002, concluyó que tanto la provincia de Buenos Aires como la de Chubut tienen responsabilidad en la tragedia. Por un lado, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense no garantizó la seguridad de los alumnos durante el viaje, incumpliendo su deber de cuidado y protección.
El fallo también responsabiliza a Provincia Seguros, que tenía contrato con el Estado bonaerense, y subraya que la pasarela, aunque en condiciones estructurales no rotas, fue mal utilizada y carecía de dispositivos de seguridad alternativos. La jueza enfatizó que la cartelería tenía un fin disuasivo para evitar riesgos, especialmente para los menores, y que la ausencia de esta contribuyó directamente al accidente.
Además, la sentencia destaca la responsabilidad de los docentes y directivos que acompañaban al grupo, quienes debieron prever el riesgo de la sobrecarga en la pasarela y actuar en consecuencia. La confianza depositada por los padres en el Estado para la seguridad de sus hijos fue quebrantada.
El proceso judicial y sus consecuencias
El reclamo por daño material, moral, psicológico y patrimonial fue presentado inicialmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en noviembre de 2002, pero el proceso judicial tuvo un complejo derrotero que llevó la causa a Chubut. Algunas familias lograron acuerdos de reparación en el camino, pero la mayoría esperó la sentencia definitiva.
En 2006, un juicio penal condenó a seis docentes y al ex jefe comunal de la zona, Carlos Geréz, por homicidio culposo y lesiones culposas, con penas de hasta tres años de prisión en suspenso y años de inhabilitación para ejercer cargos públicos o la docencia. Esta condena penal fue un antecedente importante para la causa civil que ahora se resolvió.
La sentencia civil ordenó que las provincias de Buenos Aires y Chubut paguen cerca de 4.000 millones de pesos a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes, en concepto de indemnización por los daños sufridos. Los Estados ya apelaron el fallo ante la Cámara Civil de Trelew, por lo que el proceso judicial continúa.
Memoria y homenaje
Cada año, familiares, amigos y sobrevivientes se reúnen en el lugar de la tragedia para recordar a los niños y la docente que perdieron la vida. En el sitio donde ocurrió el accidente se erige un monumento en homenaje a las víctimas, y se realizan ceremonias con suelta de caramelos al río, símbolo de la infancia interrumpida.
La comunidad educativa y las familias mantienen viva la memoria de aquellos niños, quienes eran en su mayoría de familias de escasos recursos y tenían en ese viaje una oportunidad única para conocer nuevos lugares y aprender. La tragedia también puso en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en actividades escolares y el control de infraestructuras públicas.
Fuentes: Jornada, La Nación y ADN Sur