El Ministerio Público Fiscal pidió 7 años y 6 meses de prisión efectiva para Víctor Cisterna; 5 años y 6 meses para Diego Correa; 4 años y 10 meses para Alejandro Pagani; 4 años y 8 meses para Martín Bortagaray, y 3 años para Diego Lüters.

Como ya pasó 8 meses y 21 días en prisión preventiva, para Pablo Oca pidió 3 años de cárcel condicional, el decomiso de 3.000 dólares y que devuelva $ 3 millones en 10 cuotas iguales y consecutivas de $ 300 mil.

El mismo lapso cumplió Gonzalo Carpintero. Para él solicitó 3 años de prisión condicional, multa de $ 12.468.592 y el decomiso de su casa de barrio Bonorino.

Para todos los exfuncionarios condenados por la Causa Revelación solicitó inhabilitación absoluta y perpetua para cargos públicos, por armar un esquema de pedido de coimas a empresas de la obra pública en Chubut.

Para el empresario Martín Castillo pidió 2 años de cárcel condicional y que su firma, Industrias Bass, ya no pueda contratar con el Estado. También firmar cada 6 meses en la Oficina Judicial y prohibición de salir del país durante el tiempo de la condena.

El fiscal Marcos Nápoli consideró que la asociación ilícita “tenía como fin cometer actos de corrupción y afectó directamente la actividad del Estado”. Explicó que si la corrupción si no se enfrenta a tiempo, “desarrolla círculos viciosos que se autoalimentan. Surge un enrarecido clima de inseguridad que desgasta la confianza interpersonal y entre la ciudadanía y el Estado. Socava la legitimidad del gobierno y desacredita toda la cuestión política”.

Como eran altos funcionarios “ponían a la ciudadanía en la imposibilidad de defenderse”. El fiscal destacó las consecuencias de estas malas prácticas: “Basta con ver el estado actual de la provincia para tomar cabal dimensión”, sugirió.

Cisterna, exjefe de gabinete de la Tercera Gobernación de Mario Das Neves, fue condenado como organizador de la asociación y exacciones ilegales. “Cumplió con el mandato de su jefe y diseñó el plan aprovechando la posición que al partido que los cobijaba les había dado por el voto popular”. El exministro coordinador decidió cómo y de cuánto sería la recaudación de los retornos y ubicó a personas de su confianza, incluso ajenos a la función pública, como Pablo Bastida. “Cooptó y pervirtió otra institución como la Cámara de la Construcción, que termino diseminando las exigencias del grupo ofensor”.

“Generó un daño casi irreparable pues era el jefe directo de todos los ministros, a quienes dirigía para cumplir con los planes delictuales”. La plata era para gastos de campaña y sobresueldos. “Es de una gravedad superlativa, pues no sólo el fin es económico y desdeñable sino que pervierte al sistema democrático, pues va en detrimento de los partidos políticos de menor entidad cuya financiación jamás podría equiparse. Estas prácticas deben desterrarse de una vez y para siempre”.

Según el fiscal, “no puede compararse esta situación con quien delinque por necesidad, lo único que se observa es la codicia de hacer dinero ya sea para enriquecerse o para solventar poder político”.

Correa, exsecretario privado de Das Neves, fue condenado por organizar la asociación, además de exacciones ilegales y cohecho. “Participó desde el comienzo, fue proactivo y le imprimió al grupo una nueva impronta, modificando planes y atrayendo más personas al clan”.

Bajo su mando la banda llegó al Instituto Provincial de la Vivienda “provocando una alteración es sus fines que no permitía el normal desempeño de una entidad tan requerida por la comunidad”. Con plata negra trató de apropiarse “a toda costa” de Canal 9 de Comodoro Rivadavia.

Lleva preso más de tres años y tiene una condena a 10 por El Embrujo. También lo juzgan por la Emergencia Económica. Hoy es encargado de la cocina de la Alcaidía de Trelew. Sus penas se unificarán.

Pagani, exministro de Infraestructura, fue condenado por asociación ilícita y cohecho. “Fue uno de los integrantes con mayor intensidad dentro del clan. Puso a trabajar de modo encubierto a personal de su propia repartición, quienes sin saberlo gastaban horas haciendo tareas en beneficio de la asociación, en clara cosificación del empleado público”. Confeccionaban planillas y hasta contenían a empresas pequeñas que quedaban relegadas en los pagos.

“Transformó el Ministerio en un juntadero de empresarios ávidos por cobrar sus acreencias y por sobornar a funcionarios. Se reunía con los empresarios de mayor magnitud para derivarlos a Cisterna y Correa, pese a que él nada tenía que hacer en el trámite del pago”.

Bortagaray fue condenado por asociación ilícita y cohecho. Según Nápoli, “llegó al IPV para cumplir con los nuevos planes y maleó el normal desarrollo de una entidad destinada a un tema tan sensible y tan deficitario como es el problema habitacional”. La primera víctima de su comportamiento fueron “las familias más postergadas, los sin techo, que hace años esperan una vivienda digna. Su práctica resintió el servicio sobremanera”.

Puso al personal al servicio de Correa. “Usó su poder y su cargo para fines políticos personales como perjudicar a su propio municipio por revanchismo o desdén; una de sus primeras órdenes fue que no se le pagara nada a Dolavon, o que se le pagara tardíamente obras delegadas”.

El fiscal admitió que su decisión más difícil fue con Oca, exministro de Economía: admitió los sobresueldos, no intentó justificarse y ofreció una reparación viable. Aunque su rol era indispensable, ya pasó más de 8 meses preso. “Verdaderamente creo que no necesita otra vez tratamiento penitenciario, ¿qué ganaría el Estado?”, dijo Nápoli, que destacó el comportamiento del contador.

Oca ya había aceptado su culpa en un frustrado juicio abreviado. Y apenas quedó libre “emprendió un camino diferente y se puso a trabajar en una empresa privada”.

Su tarea de ministro lo mantenía ocupado la mayor parte del tiempo en la gestión. “De allí se desprende su escasa participación activa en la sociedad”, concluyó el fiscal.

Lüters, exmano derecha de Correa, fue condenado por asociación ilícita. Ya tiene una pena a 5 años por El Embrujo y es juzgado en la Emergencia Económica. “Es el que menor rango jerárquico tenía y su grado de aporte y decisión dentro del grupo era de los más acotados”. Sus penas se unificarán.

Carpintero fue condenado por un enriquecimiento ilícito de 813.280 dólares. Convertidos, son $ 77.668.240. Su casa de barrio Bonorino de Trelew vale 520.000 dólares, casi $ 50 millones. El fiscal valoró que siempre colaboró con la investigación y confesó el hecho.

Castillo, único empresario que no aceptó una suspensión del juicio a prueba, fue condenado por un soborno. “Es francamente desdeñable corromper el Estado con el único fin económico de adelantarse al cobro en detrimento de empresas más pequeñas”, explicó Nápoli.

En la audiencia de ayer y antes de la decisión final del tribunal, ante la invitación sólo habló Bortagaray. “Integré un Gobierno, no una asociación ilícita”, insistió. Las penas y el veredicto completo se conocerán el lunes 10 de mayo a las 12.#