El Consejo de la Magistratura que delibera en la ciudad de Trelew adoptó una decisión inédita: por unanimidad le pidió al Tribunal de Enjuiciamiento que suspenda preventivamente a la jueza de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez hasta tanto culmine su sumario. Es la respuesta a un pedido del intendente de la ciudad petrolera, Juan Pablo Luque, en su denuncia contra la magistrada que se hiciera popular por su visita cuasi intima al condenado Mai Bustos. La Comisión de Admisibilidad lo tomó y el pleno lo aprobó. Cabe recordar que con la nueva legislación, el Consejo puede pedir suspensiones antes de elevar un sumario.

Suárez es la jueza que visitó en la cárcel a Cristian “Mai” Bustos, un condenado a perpetua que ella mismo juzgó. Según los guardias del penal de ruta 3, entre ambos hubo besos y mimos. Ella lo niega y dice que sólo charlaron de un trabajo académico.

Manuel Burgueño Ibarguren, consejero de los abogados por Comodoro, detalló que la instructora del sumario será Marta Pacheco, de Sarmiento. “A partir de ahora ella realizará el sumario que luego se verá si termina o no en el enjuiciamiento”.

SUMARIO

“La Comisión decidió iniciar el sumario al constatar hechos e indicios como para avanzar en la investigación, por unanimidad. Ningún consejero se opuso”, dijo Burgueño en referencia a la sesión del Consejo que se realiza en hasta mañana en Trelew.

“Tuvimos más discusión –aclaró- respecto al pedido de suspensión. No suspendemos sino que ante determinadas situaciones de gravedad o afectación al servicio de Justicia, puede solicitarse al Tribunal una medida provisoria de suspensión”.

La Comisión hizo lugar con una oposición mocionada por consejeros. “Creíamos que se debía ser más claros y transparentes porque cada vez que se toma una decisión administrativa, la fundamentación del acto es muy importante porque permite apartar cualquier acto de arbitrariedad”.

“Entendemos que sí corresponde el pedido de suspensión” planteó Burgueño ya que los jueces lo solicitaron en el expediente y reconocen “alteraciones en el normal funcionamiento” y un eventual problema respecto a futuras causas que pongan en riesgo, “la seguridad jurídica y los eventuales planteos de las personas afectadas por las decisiones que pudiera tomar mientras tanto la jueza que pudiera tener algún tipo de sanción”.

VIOLACIONES

Entre las denuncias acumuladas, se trataron las del intendente Luque y la del senador Ignacio Torres. A partir de ambas se elaboró un dictamen común en base a los hechos públicos y a otros surgidos durante la investigación. “No se trata sólo del video en la cárcel y la visita al preso. Hay posibles incumplimientos que se han advertido en cuanto a los deberes de funcionario público y una dilación en la retención de la libertad de un ciudadano que quería adelantar una audiencia de control de detención cuando la jueza no se encontraba en la ciudad, alegando una enfermedad pero teniendo una reunión con una de las partes”.

“Son todas violaciones a los deberes; las imágenes de las cámaras han sido confirmadas por testigos de las fuerzas de seguridad que vieron lo que ocurrió y dieron su testimonio como consta en el expediente. Esto es avanzar hacia un siguiente paso para investigar más detenidamente la situación. No se define criterio ya que falta una última instancia que no nos compete a nosotros”.

El pleno del Consejo deberá remitir las actuaciones al Tribunal. “Ahí oficiaremos de acusadores o fiscales para el caso de la destitución”. El plazo fijado para investigar el caso es de seis meses, casi diciembre, con el pedido anexo de suspensión en el cargo. “Había que solicitarlo porque están dadas las condiciones de aplicación del artículo 25 de la Ley 5 número 80 que plantea la suspensión de una magistrada”.

Fuente: Diario Jornada